La escena lo dice todo. El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) de Ecuador lanzó oficialmente su Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2025-2029. Fue, según su secretaria técnica, Juana Fernández Muñoz, la primera vez que el instrumento recibía un lanzamiento formal: «Era una agenda que estaba escondida. Había sido edificada, pero no se había tenido la valentía de hacer el lanzamiento oficial».
El acto contó con el respaldo de Ayuda en Acción, la Unión Europea, ONU Mujeres y la iniciativa Spotlight, entre otros organismos de cooperación internacional. Fernández describe ese momento como la culminación de meses de trabajo para pasar «del diseño a la implementación».
Un mandato constitucional con dientes cortos
La agenda organiza el trabajo del Consejo en nueve ejes: economía y empleo, trabajo de cuidado no remunerado, salud sexual y reproductiva, educación, participación política y liderazgo comunitario, comunicación, una vida libre de violencias, y ambiente y cambio climático, este último con foco en la Amazonía.
Nanci Tello, directora técnica del CNIG, recuerda el sustento jurídico del organismo: el artículo 70 de la Constitución ecuatoriana establece que toda la estructura del Estado y toda la política pública debe tener enfoque de género. «Eso nos da la potestad de ser el ente que incorpora el género dentro del Estado», afirmó Tello en la misma entrevista.
Sin embargo, los números que entrega la propia Fernández revelan la distancia entre el mandato y la realidad. En enero de 2025 se notificó a las cerca de 150 instituciones de las cinco funciones del Estado sobre la obligación de aplicar la Norma Técnica para la Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género, herramienta que obliga a cada entidad pública a conformar un comité de gestión de igualdad, elaborar un diagnóstico interno y construir un plan con seguimiento. Al cierre de ese año, solo 64 habían enviado el acta de conformación de su comité.
Desde que Fernández asumió la Secretaría Técnica, se sumaron nuevas entidades: CELEC, Senace, EMAP, Petroecuador, Conagopare, varios gobiernos parroquiales, la Defensoría Pública y jueces de las salas de discapacidades y movilidad humana.
La brecha que nadie cierra
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Mientras el CNIG presentaba su agenda con aplausos institucionales, la Fiscalía ecuatoriana tipificaba solo una fracción de las muertes violentas de mujeres registradas en 2025 como femicidio. Organizaciones de sociedad civil documentan una cifra muy superior y sostienen que, en Ecuador, una mujer o niña es asesinada cada 22 horas. El propio 2025 fue señalado como uno de los años con más femicidios contabilizados en el país.
Preguntada directamente sobre esa brecha, Fernández no ofreció una explicación técnica sobre la diferencia metodológica entre el conteo oficial y el de la sociedad civil. Su respuesta fue de tono institucional: «Estamos juntas. La institución acompaña, asesora, busca que otras mujeres no atraviesen lo que muchas de nosotras hemos atravesado».
Fernández llega al cargo con una trayectoria que combina activismo —fue parte del movimiento Ni Una Menos Ecuador y tuvo su primer paso en la gestión pública como dirigenta barrial en Cuenca— con pasos previos por gobiernos locales y por las funciones Ejecutiva y Judicial. Sobre su decisión de aceptar el cargo, resume: «Es aquí en donde yo puedo utilizar todo lo que he vivido, no desde la herida, sino desde el amor, para la transformación social».
Su ambición declarada es «hackear el sistema desde adentro».
Lo que los números no dicen sólos
La historia del CNIG ilustra una tensión clásica del aparato estatal: la proliferación de organismos asesores que formulan, transversalizan y observan, pero que por diseño no ejecutan ni sancionan. Cuando más de la mitad de las instituciones obligadas ignoran una norma constitucional sin consecuencia visible, el «Pepe Grillo» resulta ser, en el mejor de los casos, una conciencia fácil de silenciar.
La agenda 2025-2029 puede ser un instrumento genuinamente útil; los nueve ejes son amplios y la participación de organismos internacionales aporta recursos y visibilidad. Pero mientras la brecha entre las cifras oficiales de femicidio y las de la sociedad civil permanezca sin explicación técnica pública, y mientras 86 de 150 instituciones del Estado ignoren sin costo alguno una obligación legal, el lanzamiento solemne corre el riesgo de convertirse en otro acto de administración del problema, no de su solución. El contribuyente ecuatoriano —y sobre todo las mujeres ecuatorianas— merece saber cuál de los dos es.
