La escena lo dice todo: fusiles, granadas artesanales, casi mil cartuchos y pancartas con el nombre de una estructura criminal, todo alineado sobre una mesa militar en Nariño. Ese es el saldo material de la última operación contra las disidencias de las Farc, anunciada este domingo por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
Según informó el propio mandatario en su cuenta de X, en las últimas 24 horas murieron siete integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central durante operaciones militares en El Peñol, Nariño, mientras que otras cinco personas fueron capturadas. De la Espriella se refirió a los muertos como «narcoterroristas del frente Franco Benavides», en la misma línea del discurso de mano dura que ha caracterizado a su Gobierno desde la campaña.
El Ministerio de Defensa confirmó la incautación de un fusil M4, una pistola, cuatro proveedores, ocho granadas de fabricación artesanal y 946 cartuchos de diferentes calibres. También se recuperó material de intendencia alusivo a las Fuerzas Militares de Colombia, cinco pancartas de la estructura y tres cuadernos que, según las autoridades, contienen información de interés para las investigaciones. El mismo Ministerio indicó que al menos doce personas resultaron heridas en el operativo.
Las Fuerzas Militares señalaron que el golpe afecta directamente al frente «Franco Benavides», una de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc que delinque en esa zona del país. De acuerdo con el reporte de De la Espriella, el Ejército identificó además cinco laboratorios de pasta base de cocaína e incautó más de 1.000 galones de insumos líquidos y 175 kilos de insumos sólidos en la misma jornada.
El presidente sumó a este parte otras acciones simultáneas: en Barrancabermeja las autoridades incautaron 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo, y en distintas zonas del país se intervinieron siete unidades de producción minera y siete dragas vinculadas a la minería ilegal.
Los detalles cuentan la historia de un mes de gestión que el propio Gobierno ha convertido en relato político. Desde el 7 de agosto, según el balance entregado por De la Espriella, las autoridades han realizado 14.914 capturas, incautado 49.379 kilogramos de estupefacientes, retirado de circulación 1.485 armas de fuego y erradicado 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.
Esa cifra acumulada es la que la administración exhibe como prueba de un cambio de enfoque. De la Espriella prometió «mano dura» contra los criminales desde que inició su carrera por la Presidencia, una promesa que, según reportó la agencia EFE, ha motivado varios bombardeos en las últimas semanas. Algunos de esos episodios han dejado menores de edad fallecidos: a finales de agosto, en un operativo en Guaviare, diez miembros de una disidencia de las Farc fueron abatidos, tres de ellos menores —dos de 15 años y uno de 16, según el mismo reporte de EFE.
El contraste entre ambos episodios —el golpe de Nariño celebrado como éxito operativo y el saldo de menores muertos en Guaviare— retrata la tensión de una política de seguridad que avanza a un ritmo que el propio Gobierno describe en cifras diarias. La administración de De la Espriella ha marcado distancia explícita con la «Paz Total» del gobierno anterior de Gustavo Petro, y ha optado por reforzar las operaciones militares contra las estructuras criminales en lugar de negociaciones territoriales.
Para quienes defienden el imperio de la ley y la protección de la propiedad frente al narcotráfico y la minería ilegal, el balance de El Peñol —fusiles retirados de circulación, laboratorios de coca desmantelados, dragas ilegales intervenidas— es la evidencia de que el Estado colombiano vuelve a ocupar territorio que durante años quedó en manos de economías criminales. Es un argumento que la propia comunicación presidencial repite con insistencia, cifra tras cifra, desde que comenzó el mandato.
Pero la mano dura tiene también su costo humano, y las fuentes disponibles no permiten ocultarlo: los menores muertos en Guaviare son parte del mismo relato que las armas incautadas en Nariño. El desenlace de esta política —si logra desarticular estructuras como el Franco Benavides sin repetir episodios como el de Guaviare— será, probablemente, el criterio con el que la opinión pública termine juzgando este primer tramo del Gobierno.
