Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El incendio de Las Peñas de Riglos avanzó con rapidez por la provincia de Huesca. Cuando las llamas alcanzaron el entorno del Monasterio de San Juan de la Peña, uno de los conjuntos históricos más relevantes de Aragón, la Unidad Militar de Emergencias y técnicos del Gobierno de Aragón pusieron en marcha el traslado de las piezas patrimoniales más valiosas al Museo de Huesca. Entre los objetos evacuados: piezas arqueológicas, vestiduras de un conde del siglo XVIII, fragmentos de pintura mural, cuadros, estatuas y restos óseos de varios reyes aragoneses.
La escena lo dice todo.
Un vídeo difundido por la propia UME mostró a los efectivos retirando cuadros y otras piezas sin protección aparente. Adrián Pastor, Técnico en Emergencias y Protección Civil, vio las imágenes y no guardó silencio. Las describió como «dantescas, vergonzosas, tercermundistas» y calificó el operativo de «una auténtica barbaridad desde el punto de vista de evacuación de patrimonio cultural».
Su diagnóstico fue preciso: cuadros «sin proteger» y «manipulados con las manos desnudas» para cargarlos en un coche «lleno de suciedad»; restos óseos «repartidos en coches particulares por falta de espacio». Ni vehículos adecuados ni material suficiente para tratar las piezas con la delicadeza que exigen.
Pastor no culpó a los soldados. «No es su culpa, obedecen órdenes», escribió, y añadió que es «poco probable» que efectivos de la UME, bomberos o guardias civiles estén formados en evacuación de patrimonio cultural, dado que se trata de «algo tan extraño» frente a las ramas de uso más frecuente en sus trabajos. La responsabilidad, en su lectura, recae sobre quienes planificaron —o dejaron de planificar— el operativo.
El técnico recordó que existe el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, que incluye protocolos detallados para este tipo de situaciones. Su conclusión fue directa: «de nada vale si no se llevan a cabo y/o no se forma al personal». Y añadió que, precisamente para estos casos, «se forman trabajadores responsables de los bienes para guiar en este tipo de evacuaciones y decidir cómo hacer las cosas». Mirando las imágenes, lamentó, «igual no».
Mientras el debate sobre el operativo patrimonial se abría en redes, el incendio seguía fuera de control. Las llamas habían calcinado ya 11.000 hectáreas, obligado a desalojar a unas 800 personas y vaciado 16 pueblos. Más de 500 personas y una treintena de medios aéreos trabajaban en la zona. El fuego, que habría comenzado cerca de las obras de la carretera A-132, había superado los cortafuegos, complicando las tareas de contención.
El monasterio, enclavado bajo la roca en una ubicación singular, resistió. El patrimonio llegó al Museo de Huesca. Pero la forma en que llegó dejó una pregunta abierta.
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Los detalles cuentan la historia. Lo que el vídeo de la UME reveló no fue incompetencia de los soldados, sino la ausencia de un plan ejecutable: protocolos escritos que nadie activó, especialistas que nadie convocó, vehículos que nadie requisó. El aparato estatal dispone de normativa —el Plan Nacional existe— pero la distancia entre el papel y la práctica se midió, esta semana, en restos óseos de reyes aragoneses viajando en coches particulares.
Eso tiene un nombre: fallo de gestión pública. Y tiene un coste que no aparece en ningún presupuesto: el deterioro irreversible de bienes que pertenecen a todos y que ningún dinero puede reponer. La pregunta que el Gobierno de Aragón debe responder no es si el patrimonio llegó a salvo, sino por qué llegó así.
