La escena lo dice todo. Un ciudadano entra a las oficinas de la avenida 19 con calle 12C en Bogotá, sin cita previa, entrega su cédula, pone la huella y al día siguiente retira un pasaporte con microchip encriptado, fotografía fantasma y tintas metálicas. Veinticuatro horas. Eso es lo que tarda el nuevo pasaporte colombiano en la capital desde el 1 de abril de 2026.
El Gobierno nacional, a través de la Cancillería y la Imprenta Nacional, implementó el nuevo modelo en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal. El resultado es un documento que cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que, según las autoridades, lo convierte en uno de los más robustos de la región.
Los plazos oficiales son tres: 24 horas en Bogotá, 48 horas en gobernaciones autorizadas y hasta ocho días en consulados en el exterior. La entrega es siempre personal. Los mayores de edad deben presentar su cédula vigente; los menores reciben el documento a través del padre, madre o representante legal que realizó el trámite.
Un diseño que apuesta por la identidad
Las libretas no son solo tecnología. Cada página incorpora ilustraciones inspiradas en la biodiversidad y la cultura nacional — mariposas amarillas, paisajes, símbolos económicos — fabricadas bajo lo que el Gobierno denomina un modelo de soberanía estatal. La página de datos es 100% en policarbonato, y los dispositivos de lectura mecánica y electrónica garantizan interoperabilidad internacional para el control migratorio en cualquier parte del mundo.
El titular que recibe el documento tiene un mes para reportar errores en los datos biográficos y solicitar reposición. Solo se permite un pasaporte colombiano vigente por persona, salvo casos de emergencia debidamente autorizados.
Precios ajustados al IPC, sin incrementos adicionales
Los costos de 2026 se mantienen con ajuste únicamente al Índice de Precios al Consumidor, sin incrementos adicionales, según la Cancillería. El trámite se realiza en las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, en gobernaciones autorizadas y en consulados. En la Red Cade, se requiere cita previa. Los impuestos departamentales deben consultarse con cada gobernación.
El nuevo pasaporte está disponible en modalidad ordinaria, ejecutiva y de emergencia, con vigencia de 10 años para las dos primeras versiones. La Cancillería no precisó en las fuentes disponibles los precios exactos por modalidad, aunque confirmó que los valores se ajustan al IPC.
Exenciones: una lista que crece
La expedición gratuita aplica a ciudadanos del Sisbén IV niveles 1 y 2 que acrediten situaciones específicas previstas por el Ministerio y la Ley 1212 de 2008. También acceden sin costo quienes requieran tratamiento médico en el exterior, personas con discapacidad y su acompañante, adultos mayores de 62 años por salud o reunificación familiar, jóvenes admitidos en universidades extranjeras, niños bajo custodia del ICBF, personas que acompañan a familiares enfermos, ciudadanos con contratos laborales fuera del país e integrantes de delegaciones oficiales.
La expedición no es obligatoria para quienes ya poseen un pasaporte anterior vigente, ya sea de lectura mecánica o electrónico.
La trastienda del modelo
El giro es notable: en medio de un gobierno que ha tensado las relaciones con el sector privado y la inversión extranjera, la Cancillería opta por un esquema de producción estatal — Imprenta Nacional más Casa de la Moneda de Portugal — para entregar un documento que, en términos de eficiencia, supera a muchos de sus vecinos regionales.
Para entender el presente hay que volver a esa decisión de diseño institucional: la velocidad de entrega es real y verificable, y eso merece reconocimiento. Pero el modelo de soberanía estatal que lo sustenta plantea preguntas legítimas sobre costos, competencia y transparencia que el aparato burocrático colombiano rara vez responde con claridad. La lista de exenciones gratuitas, amplia y creciente, es un recordatorio de que alguien paga la cuenta — y ese alguien es el contribuyente que sí abona su pasaporte. La eficiencia en la ventanilla no exime al Estado de rendir cuentas sobre lo que ocurre detrás de ella.
