La escena lo dice todo. José Nicolás Khamis Thomas llegó al aeropuerto Ben Gurión con un pasaporte chileno y la intención de pasar unas vacaciones. Treinta y cinco horas después —según su propio relato— fue embarcado en un vuelo de regreso a Ámsterdam. Israel no le permitió entrar. La razón oficial: «problemas de seguridad nacional», según declaró el embajador israelí en Chile, Peleg Lewi.
Eso fue el 28 de julio. Lo que vino después fue una reacción política que llegó al Congreso.
Un grupo de 21 parlamentarios emitió una declaración pública en la que exhiben su preocupación por el caso. Los firmantes —entre ellos representantes de UDI, RN y Republicanos, según consigna la lista publicada— pidieron a la Cancillería que solicite formalmente a las autoridades israelíes los antecedentes que sustentaron tanto la prohibición de ingreso como las acusaciones difundidas públicamente.
«Una imputación de esta naturaleza, realizada por un diplomático y sin que se hayan dado a conocer antecedentes, pruebas o fundamentos concretos que la respalden, afecta gravemente la honra y la reputación de un ciudadano chileno», sostiene el texto de la declaración.
Los detalles cuentan la historia. Khamis Thomas es chileno de ascendencia palestina, y los congresistas advirtieron que su caso no sería aislado: otros ciudadanos chilenos con origen palestino o árabe habrían enfrentado prohibiciones de ingreso, interrogatorios, retenciones y tratos cuestionables en Israel. Esa afirmación, incluida en la misiva, no viene acompañada de cifras ni de casos documentados en la fuente, pero sirvió para ampliar el alcance del pedido: los parlamentarios también instaron a la Cancillería a revisar cómo aborda estas situaciones y a aplicar efectivamente el principio de reciprocidad en materia migratoria.
«La protección de los ciudadanos chilenos en el extranjero no puede depender de consideraciones políticas ni quedar subordinada a la voluntad discrecional de otro Estado. Chile debe actuar con firmeza, coherencia y dignidad en defensa de sus nacionales», concluye la declaración.
Hasta el cierre de esta edición, la Cancillería chilena no había emitido una respuesta pública documentada en las fuentes disponibles.
Lo que está en juego
Más allá de la carga política que rodea cualquier asunto vinculado al conflicto en Medio Oriente, el caso Khamis plantea una pregunta de principios que trasciende las simpatías de cada bando: ¿qué vale un pasaporte chileno en la frontera de otro Estado?
La exigencia de transparencia sobre los fundamentos de una deportación es, en sí misma, razonable. Un Estado soberano tiene derecho a controlar sus fronteras; pero cuando ese ejercicio incluye acusaciones públicas contra un nacional extranjero —formuladas por un diplomático, sin pruebas difundidas— la carga de la explicación recae sobre quien acusa. Que la Cancillería solicite esos antecedentes no es un gesto hostil: es el mínimo de protección consular que cualquier ciudadano puede esperar de su gobierno, independientemente de su origen étnico o de la agenda de política exterior del momento. El principio de reciprocidad, invocado en la declaración, es precisamente el lenguaje que entienden los Estados cuando se trata de hacer valer derechos. La pregunta es si Santiago está dispuesto a usarlo.
