La escena lo dice todo: una coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para llevar efectivo directamente a las manos de más de 700 mil mujeres del Estado de México. Así lo describe la estrategia enmarcada en el llamado Plan Integral para la Zona Oriente.
Según la información difundida por el gobierno estatal, el programa Mujeres con Bienestar —operado a través de la Secretaría de Bienestar del Estado de México— tiene un padrón de 700 mil beneficiarias de entre 18 y 59 años. Cada una recibe 2 mil 500 pesos bimestrales. Las mujeres de 60 a 64 años acceden a una modalidad distinta, la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3 mil 100 pesos bimestrales y se presenta como un paso previo a la pensión para adultos mayores.
Además de las transferencias monetarias, las beneficiarias tienen acceso gratuito a 13 servicios que incluyen, según la misma fuente, atención médica y preventiva, desarrollo académico, asistencia jurídica y bienestar animal.
El programa forma parte de las 121 acciones y obras prioritarias del Plan Oriente, que contempla la atención de 10 municipios del oriente del Estado de México. La lógica declarada es atender el «rezago histórico» de la entidad y priorizar a jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Los detalles cuentan la historia. Si se toma el padrón de 700 mil beneficiarias y la transferencia de 2 mil 500 pesos bimestrales, el costo mínimo del programa —solo en ese tramo de edad y sin contar los 13 servicios adicionales— supera los 1 mil 750 millones de pesos por bimestre, recursos que provienen del erario federal y estatal. La fuente no desglosa la proporción que aporta cada nivel de gobierno ni el costo total consolidado del plan.
Tampoco se publican, en la información disponible, métricas de impacto: cuántas beneficiarias han salido de la pobreza, cuántas han accedido a empleo formal, o qué porcentaje utiliza efectivamente los 13 servicios complementarios. El programa se anuncia por su cobertura y por el monto de la transferencia, no por sus resultados medibles.
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Para Hemisferio, la pregunta que queda sin respuesta es la más importante: ¿a qué precio y con qué retorno? Los programas de transferencia directa tienen defensores serios en la literatura económica cuando están bien focalizados y son temporales. El problema es que en México el modelo oficialista tiende a convertirlos en padrones permanentes con valor electoral evidente —700 mil beneficiarias en un estado que es campo de disputa política no es un dato menor— sin que exista una arquitectura de salida ni un mecanismo independiente de evaluación.
El dinero de los contribuyentes mexicanos merece algo más que un padrón y una foto. Merece saber si la inversión transforma vidas o simplemente las administra.
