Era casi la medianoche del 10 de febrero cuando un sindicalista de buen vínculo con los oficialismos de turno logró modificar el texto del proyecto de reforma laboral que se votaría al día siguiente en el Senado. En vez de «terminar con los peajes» —como amenazaba Federico Sturzenegger al referirse a los aportes solidarios— se los limitó a un 2%. La escena lo dice todo.
Cinco meses después de ese apretón de manos, Javier Milei firmó el decreto 612/26, también suscrito por el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La normativa dispuso que el tope del 2% para las cuotas solidarias se calcule sobre el total de las remuneraciones mensuales de los trabajadores, y no solo sobre el salario básico convencional. Además, rehabilitó los aportes empresariales a las organizaciones sindicales, siempre que tengan un destino específico: una manera de blanquear el aporte extra que los empleadores hacen a las obras sociales sindicales al margen del obligatorio destinado a la seguridad social.
Rodolfo Aguiar, jefe de los estatales de ATE y voz crítica del triunvirato de la CGT, lo había sintetizado aquella madrugada de febrero con una frase que desnudó el pacto: «Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores».
El interlocutor en las sombras
Ninguno de los tres hombres fuertes de la CGT —Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo— estuvo a cargo de las gestiones con la Casa Rosada. Según la fuente, el nexo fue Gerardo Martínez, jefe de la Uocra e histórico operador sindical desde la década del noventa. Martínez integró el año pasado el Consejo de Mayo, diseñado por Karina Milei con presencia de aliados, y es hoy el interlocutor sindical principal con el Gobierno. Su vínculo es con los Menem —sobre todo con Lule— pero frecuenta con creciente asiduidad a Santilli y sus colaboradores.
Fue Martínez quien, antes del Mundial, intervino en el consejo directivo de la CGT para frenar una propuesta de quinto paro general contra la gestión libertaria. La gestión para flexibilizar el cobro de la cuota solidaria y los aportes empresariales a las obras sociales ya estaba en marcha.
En paralelo, Martínez avanza junto a su abogada Marta Pujadas y el asesor legal de la CGT Pablo Topet en una estrategia judicial en el fuero Contencioso Administrativo para objetar la Ley de Modernización Laboral, con la intención de revertir los límites al derecho de huelga y conservar la prelación de los convenios colectivos.
La reforma que no reforma
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a revisar 446 convenios colectivos, pero su convocatoria tuvo hasta el momento poco eco entre las cámaras empresarias. Tras la aprobación de la reforma laboral, Cordero bajó el perfil. Además, sigue con inquietud el avance de una causa judicial por la intervención de la obra social del gremio de los ruralistas (Osprera): el juez federal Sebastián Casanello comenzará en agosto con las indagatorias, y el principal apuntado es Sergio Aguirre, descrito por la fuente como socio de Martín Menem que se benefició con un contrato millonario con Osprera.
Mientras tanto, una comitiva de la CGT reabrió negociaciones con el ministro de Salud Mario Lugones por el financiamiento de las obras sociales. La crisis del sistema sanitario se agudiza porque hay cada vez más trabajadores en la informalidad, lo que equivale a menos aportes. Según un documento reciente de la propia central obrera, el promedio de recaudación del sistema está en 67.525 pesos por beneficiario, y más de 9 millones de afiliados —el 67% de la población cubierta— se encuentran por debajo de ese promedio.
La CGT, por su parte, mantuvo la guardia alta de manera casi escenográfica: se movilizó el miércoles al Congreso para adherir al reclamo de los jubilados —cuyo haber mínimo es hoy de 481.989 pesos con bono incluido— y volverá a movilizarse el 7 de agosto hacia la iglesia de San Cayetano. El triunvirato de mando decidió no hablar ante la prensa los tres juntos, según la fuente, por temor a dejar expuestas sus diferencias internas.
Lo que el decreto revela
Para entender el presente hay que volver a esa semana de febrero. La reforma laboral que el Gobierno de Milei presentó como una revolución desreguladora terminó siendo, en sus puntos más sensibles para el aparato sindical, una negociación a puertas cerradas. El decreto 612/26 no es un detalle técnico: es la confirmación de que la caja sindical —cuotas solidarias, aportes empresariales, obras sociales— sobrevivió intacta al único gobierno que prometió desmantelarla.
El principio en juego es claro: el dinero de los trabajadores y de los empleadores continúa fluyendo hacia estructuras que no eligieron libremente financiar. Que ese resultado haya llegado con la firma del propio Milei, Santilli y Pettovello dice más sobre la lógica del poder en Argentina que cualquier discurso libertario. La libre empresa y el trabajador individual siguen pagando el costo de una burocracia sindical que aprendió, una vez más, a sobrevivir a cualquier reforma.
