La escena lo dice todo. Una exministra del gobierno Petro citando la Ley 5 de 1992 para advertirle a la bancada oficialista que su anunciado boicot a la posesión presidencial podría tener consecuencias legales. El Pacto Histórico, en cambio, respondió que no existe fundamento jurídico para sancionarlos y que su ausencia es un «derecho político y constitucional».
La controversia estalló cuando la bancada del Pacto Histórico confirmó que no asistirá al acto de posesión de Abelardo de la Espriella, programado para el 7 de agosto de 2026 en Cali. El representante Heráclito Landinez lo anunció sin rodeos en redes sociales: «Somos una fuerza política democrática que reconoce la legalidad del proceso, aunque no comparte las condiciones que, a nuestro juicio, le otorgan legitimidad política». En lugar del acto protocolario, dijo, estarán «en los territorios, dialogando con las comunidades».
La respuesta más incómoda para el petrismo no vino de la derecha. Llegó de Cecilia López Montaño, exministra de Agricultura en el propio gobierno de Gustavo Petro y exsenadora del Partido Liberal. López, que conoce el reglamento interno del Congreso desde adentro, publicó en su cuenta de X una advertencia directa: los congresistas «solo pueden ausentarse de una plenaria con excusa médica, por Comisión Especial, por permiso de la mesa o por caso fortuito». Y remató: «Ninguna de las razones que les oigo cumple con una de esas cuatro».
El artículo al que apunta López es el artículo 90 de la Ley 5 de 1992. Su argumento es simple: la sesión solemne del 7 de agosto es una plenaria del Congreso, y ausentarse sin una de esas cuatro causales es una infracción al reglamento. «Desobediencia civil no es una de las permitidas», escribió. También descartó el argumento histórico que varios usuarios le opusieron: en 2014, la bancada del Centro Democrático no asistió a la posesión de Juan Manuel Santos. «No estamos en 2014 sino en 2026. ¿Por qué tienen que devolverse siempre al "como otros lo hicieron, nosotros también podemos"? ¿No que el PH es distinto?»
La réplica del Pacto Histórico fue articulada, aunque no del todo convincente. El representante Gabriel Becerra acusó a López de «meter miedo» y ofreció tres argumentos jurídicos. Primero, que no existe pérdida de investidura porque el artículo 183 de la Constitución solo la prevé por inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis plenarias donde se voten proyectos de ley, actos legislativos o mociones de censura, supuesto en el que una sesión solemne de posesión no encajaría. Segundo, que el prevaricato por omisión exige que el servidor público omita un acto propio de sus funciones individuales, y la posesión presidencial es una atribución del Congreso como órgano colegiado. Tercero, que el régimen especial de la Constitución y la Ley Quinta no contempla sanción disciplinaria por faltar a esa sesión específica.
Los detalles cuentan la historia. El debate entre López y Becerra no es solo una disputa de abogados: es el síntoma de una bancada que intenta convertir el protocolo institucional en un campo de batalla político. La posesión en Cali ya había generado fricciones: el Pacto Histórico y el propio Petro argumentaron que trasladar el acto desde Bogotá rompe la tradición y encarece el gasto público. Esa fue la primera línea de resistencia. La segunda, más ruidosa, es el boicot al acto en sí.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el Pacto Histórico llama «derecho político y constitucional» es, en términos prácticos, la negativa de la principal bancada opositora a reconocer ante la República —y ante las cámaras— que el ciclo petrista ha terminado. Landinez lo admitió sin eufemismos: reconocen «la legalidad del proceso», pero no su «legitimidad política». Es una distinción que habla más de derrota electoral que de principio jurídico.
Hemisferio observa en este episodio algo más que una escaramuza reglamentaria. Una bancada que llega al poder prometiendo ser «distinta» y que, en la primera prueba de madurez democrática, busca en el manual del adversario el precedente que justifique su conducta, no inspira confianza en su vocación institucional. Que sea una exministra del propio gobierno saliente quien les recuerde las reglas del juego dice mucho sobre el estado interno del petrismo. Colombia necesita una oposición vigorosa y fiscalizadora; lo que no necesita es una bancada que confunde el ausentismo con la resistencia y el protocolo con la legitimación.
