La escena lo dice todo. Un abogado nacido en La Dorada, Caldas, elegido con 269 votos en el Congreso pleno, anuncia que quiere posesionarse en su municipio natal y que no habrá «nombres propios» que detengan el control fiscal. El nombre que nadie pronunció en voz alta, pero que todos entendieron, era el de Verónica Alcocer.
Jorge Eliécer Laverde Vargas será el nuevo contralor general de la República a partir del 1 de septiembre y permanecerá en el cargo hasta 2030. Su elección superó al exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga y reunió el respaldo de varias colectividades políticas. Laverde calificó la votación de «histórica» y negó que su llegada sea producto de transacciones o acuerdos: «Logramos configurar esta mayoría histórica escuchando a cada bancada y presentando un proyecto serio, técnico y profundamente humano», declaró a Semana.
Tres ejes, un diagnóstico
El programa de Laverde descansa en tres prioridades. La primera es descentralizar la Contraloría: sacarla de los escritorios de Bogotá y llevarla a las regiones para vigilar en terreno la ejecución del presupuesto. La segunda es el control preventivo apoyado en inteligencia artificial y analítica de datos. El nuevo contralor usó una metáfora que resume su crítica al modelo vigente: el control fiscal tradicional ha funcionado «como una autopsia», es decir, llega cuando el daño ya está hecho y el dinero ha desaparecido. Su apuesta es cruzar información en tiempo real sobre contratación, presupuestos y facturación para generar alertas tempranas antes de que se giren los fondos. La tercera prioridad son las obras inconclusas, los llamados elefantes blancos, que describió como «monumentos a la desidia» que representan escuelas que no se abrieron y centros de salud que nunca atendieron a un enfermo.
Los expedientes calientes
Los detalles cuentan la historia. Laverde identificó tres frentes de vigilancia que coinciden, no por casualidad, con los escándalos más graves del gobierno actual.
El primero es el Fondo Milagro, creado para la reconstrucción tras el terremoto. El nuevo contralor anunció una unidad especial de seguimiento con auditores en terreno que vigilará «cada peso desde la asignación presupuestal hasta que la última vivienda o vía sea entregada a la comunidad».
El segundo es Ecopetrol. Laverde fue directo: «Si existen indicios de irregularidades, no me temblará la mano para ordenar auditorías de la mayor profundidad», con revisión de contratación, ejecución presupuestal y decisiones de inversión.
El tercero, y el más políticamente cargado, es la UNGRD. Los procesos de responsabilidad fiscal por el presunto saqueo de recursos continuarán y se acelerarán, con embargos preventivos y coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría. «Lo ocurrido en la UNGRD es una afrenta a la dignidad de las víctimas en Colombia», declaró.
Y luego está el asunto de los contratos atribuidos a Verónica Alcocer. Laverde fue explícito: «Frente a la vigilancia de los recursos públicos, no existen fueros especiales ni nombres propios que detengan el control fiscal». Anunció auditorías especiales con equipos interdisciplinarios para revisar cada contrato, su ejecución, idoneidad y justificación presupuestal.
La sombra sobre el elegido
La llegada de Laverde no estuvo exenta de turbulencia. En los días previos a su elección circularon en redes sociales audios en los que se le atribuyeron presuntos hechos de acoso sexual dentro del Congreso. Su defensa jurídica rechazó los señalamientos, aseguró que no existen denuncias, quejas ni expedientes institucionales relacionados con esos hechos y calificó la situación como una campaña de desprestigio. La controversia no impidió su elección, pero quedó como una nube sobre el inicio de su gestión.
Laverde tiene formación en derecho, gobierno y administración, experiencia como concejal de La Dorada, diputado de Caldas y secretario general de la Comisión Sexta del Senado durante tres periodos. En 2025 también figuró entre los aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional. Su trayectoria está vinculada al Partido Liberal.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia lleva años acumulando escándalos de corrupción que el aparato estatal investiga con lentitud calculada: la UNGRD, Ecopetrol, los contratos de figuras cercanas al poder. La Contraloría es, en teoría, el dique que debe contener ese flujo. Que su nuevo titular haya llegado con 269 votos del mismo Congreso que sostiene al gobierno de Petro no es un detalle menor: es la tensión estructural que definirá su mandato.
La promesa de usar inteligencia artificial para anticipar el daño, en lugar de documentarlo post mortem, es la apuesta técnica correcta. El dinero de los contribuyentes colombianos no puede seguir financiando autopsias. Pero la independencia real de la Contraloría no se mide en discursos de posesión sino en la disposición a firmar embargos y auditorías cuando los afectados tienen nombre, apellido y acceso al teléfono del contralor. Laverde tiene hasta 2030 para demostrar que «no habrá nombres propios» no fue solo una frase bien construida para una entrevista.
