La escena lo dice todo. A mediados de 2019, el Consejo Legislativo de la entidad costera venezolana aprobó de forma expedita una reforma a la Constitución regional. El resultado: más de un siglo de historia institucional quedó enterrado en un trámite. El Estado Vargas dejó de existir en el papel. En su lugar apareció el Estado La Guaira.
Al cumplirse siete años de esa decisión, el debate no ha cerrado. Las huellas de la identidad borrada y los ecos de la controversia siguen marcando la memoria de los habitantes del litoral central venezolano, según recoge el medio El Nacional.
Un siglo de continuidad rota
La denominación no era un accidente administrativo. La adopción de José María Vargas como referente geográfico de la franja costera respondió a una evolución territorial de más de un siglo. Desde su constitución inicial como Departamento dentro del antiguo Distrito Federal en el siglo XIX, pasando por su conversión en municipio y su consagración como entidad federal autónoma en la década de 1990, la región llevó el sello del médico, rector y primer presidente civil de la República.
Nacido en La Guaira en 1786, Vargas fue, según el historiador Tomás Straka, «uno de los grandes próceres de la República civil, clave en la fundación de un orden moderno basado en la educación y la ciencia». Straka subraya que Vargas fue además «el primer venezolano en realizar contribuciones concretas a las ciencias naturales a escala universal», mediante el descubrimiento y la catalogación de especies, y pionero en los estudios geológicos y de las posibilidades económicas del país.
Su trayectoria académica es inseparable de la historia institucional de Venezuela. Tras las reformas de la República de la Gran Colombia en la década de 1820 y la célebre Ley de 1826, Vargas encabezó la transformación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas en la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndose en su rector. Desmanteló el modelo educativo estamental de la colonia —caracterizado por restricciones de castas y la primacía de la dogmática religiosa— para dar paso a una enseñanza aconfesional, pública y fundamentada en el rigor científico.
«José María Vargas es uno de los fundadores de la educación pública moderna universitaria, es el modernizador de la educación médica en Venezuela», afirma Straka. «Es el introductor de muchas ciencias en Venezuela».
La trastienda del rebautizo
El oficialismo encuadró la medida bajo la narrativa de reivindicar una supuesta identidad vernácula frente a los símbolos republicanos. La argumentación no convenció a quienes veían en el epónimo algo más que un nombre: el único estado del país cuyo nombre honraba a un héroe civil y científico, no a un militar ni a un caudillo.
Para Straka, la posición más destacada de Vargas fue precisamente estar al frente de la UCV como fundador de la institución moderna, «un mérito en el cual básicamente no tiene competencia». Y añade: «Este hombre que está de rector de la universidad está pensando el país también. Es imposible que uno piense en una universidad sin pensar en el país».
La figura de Vargas, en su lectura, encarna un proyecto de nación definido por «la sobriedad republicana» y «el respeto a las leyes». Exactamente el tipo de referente que incomoda a un aparato de poder que ha erosionado sistemáticamente las instituciones autónomas.
El proceso jurídico-constitucional mediante el cual el Consejo Legislativo regional ejecutó la modificación también ha sido objeto de cuestionamiento. La reforma se aprobó sin una verdadera motivación republicana documentada, según recoge la cobertura del caso. La expedición del trámite contrasta con el peso histórico de lo que se eliminaba.
Lo que se pierde cuando se borra un nombre
Los detalles cuentan la historia. Un estado puede cambiar de nombre por decreto. Lo que no se recupera tan fácilmente es el hilo conductor que ese nombre tejía entre generaciones: la idea de que una región puede identificarse con un médico, un rector, un hombre de ciencia que pensó el país desde las aulas y no desde los cuarteles.
En Venezuela, donde el culto al héroe armado ha sido instrumento recurrente del poder, mantener vivo el nombre de Vargas era también un acto de resistencia simbólica. El rebautizo no fue una reivindicación cultural neutral: fue una decisión política que eligió qué tipo de memoria merece perdurar en el mapa.
Para Hemisferio, el caso ilustra un patrón reconocible en regímenes que necesitan reescribir el pasado para justificar el presente. Cuando el Estado borra a sus propios fundadores civiles del paisaje institucional, no está recuperando identidad: está administrando el olvido. Y el olvido, en política, siempre tiene un beneficiario.
