La escena lo dice todo. El lunes por la mañana, cuando el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de San Francisco publicó su fallo de 24 páginas, los equipos jurídicos de Meta, TikTok, Google y Snap ya sabían que el escudo que habían esgrimido durante años acababa de agrietarse.
El tribunal resolvió que más de 3.000 demandas contra esas compañías pueden avanzar. Las presentaron estados, municipios, distritos escolares e individuos, y todas apuntan a la misma acusación central: que estas plataformas diseñaron deliberadamente sus algoritmos para enganchar a usuarios jóvenes, con consecuencias documentadas en depresión, ansiedad y problemas de imagen corporal.
El argumento que no funcionó
Meta y TikTok habían apelado las decisiones previas de la jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers —con sede en Oakland— argumentando que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 los blindaba frente a cualquier litigio. Esa ley federal protege, en términos generales, a las empresas de responsabilidad por contenido publicado por sus usuarios.
La jueza Jacqueline Nguyen no lo vio así. En su opinión, la norma ofrece una «defensa ante la responsabilidad», pero no inmunidad absoluta frente a ser demandado. Ya en los argumentos orales de enero había anticipado su escepticismo: «Cuando el Congreso quiere otorgar inmunidad ante una demanda, sabe cómo decirlo», señaló según recoge la fuente.
El tribunal de apelaciones no resolvió en definitiva si la Sección 230 bloquea los reclamos sobre diseño de producto —una pregunta que podría tener implicaciones amplias para toda la industria—, pero concluyó que la apelación era prematura porque el fallo del tribunal inferior no era final. Los casos regresan ahora al tribunal de distrito. Los demandantes buscan daños y perjuicios, sanciones civiles y restitución.
Los números que ya están sobre la mesa
Los detalles cuentan la historia. En marzo, un jurado de Los Ángeles falló a favor de una mujer de 20 años que alegó haber desarrollado depresión, ansiedad y dismorfia corporal tras volverse adicta a Instagram y YouTube durante su infancia. El jurado le otorgó 6 millones de dólares y declaró a Meta y Google negligentes en el diseño de sus plataformas y en no advertir sobre sus riesgos. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo con la demandante antes del juicio.
Ese mismo mes, un jurado en Nuevo México determinó que Meta engañó deliberadamente a sus usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y facilitó la explotación sexual infantil. El juez Bryan Biedscheid ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles al estado, y posteriormente añadió otros 567 millones, además de exigir medidas como verificación de edad más estricta y límites de uso.
El miércoles comenzó el juicio de otra demanda presentada por 29 estados contra Meta, centrada en alegaciones de recolección de datos de menores, uso de funciones potencialmente adictivas y representaciones engañosas sobre seguridad. Meta niega las acusaciones. El tribunal de apelaciones rechazó el lunes el intento de Meta de posponer ese juicio.
En paralelo, alrededor de 3.300 casos se gestionan de forma coordinada en un tribunal estatal de California.
El mundo legisla, las plataformas resisten
Mientras los tribunales estadounidenses procesan la avalancha de litigios, los gobiernos de varios continentes han optado por la vía regulatoria. Australia fue el primer país en imponer una prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años, en diciembre pasado. España propuso en febrero una restricción similar, aunque aún requiere aprobación parlamentaria. El Reino Unido anunció una prohibición para menores de 16 en ciertas plataformas que entraría en vigor a principios del próximo año. Francia aprobó en julio una restricción para menores de 15, actualmente bajo revisión constitucional. Dinamarca, Grecia y Noruega han discutido medidas parecidas.
En Asia, Indonesia comenzó en marzo a prohibir cuentas en plataformas principales para menores de 16, citando riesgos de pornografía, ciberacoso, fraude en línea y adicción. Malaysia siguió en junio con requisitos de verificación de edad similares. La Unión Europea presentó en abril una aplicación de verificación de edad y la Comisión Europea ha discutido restricciones a escala continental.
En Estados Unidos, al menos 20 estados han promulgado leyes sobre el uso de redes sociales por menores, aunque muchas enfrentan desafíos legales.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el 9.º Circuito dejó en claro es que la Sección 230 —el gran escudo jurídico de Silicon Valley durante casi tres décadas— no es una carta blanca para el diseño de productos. Esa distinción, si los tribunales inferiores la consolidan, redefiniría las reglas del juego para toda la industria digital.
Desde la perspectiva del libre mercado, la pregunta no es si las plataformas deben rendir cuentas —la responsabilidad civil es un pilar del orden jurídico—, sino si la avalancha de litigios y regulaciones fragmentadas terminará siendo un instrumento de competencia política más que de protección real a los menores. Los contribuyentes que financian las demandas estatales, y los usuarios que dependen de servicios gratuitos sostenidos por publicidad, merecen saber cuánto de este proceso produce resultados concretos y cuánto alimenta al aparato burocrático y legal que rodea a estas causas.
