Los detalles cuentan la historia. Pemex debe 375 mil millones de pesos a sus proveedores. Una parte de esos proveedores, según la columnista Lourdes Mendoza en El Financiero, no solo espera cobrar lo que se les adeuda, sino que además paga para poder seguir en la fila.
De acuerdo con Mendoza —quien atribuye la información a sus fuentes—, Irving Rivera Carrillo, director de operaciones de Blue Marine, uno de los proveedores de la petrolera estatal, operaría una red de tráfico de influencias y cobros irregulares. La mecánica, según la columna, funcionaría en cascada: Pemex otorga un contrato a Blue Marine; Blue Marine, a través de Rivera, exigiría un pago a sus propios proveedores para permitirles participar indirectamente en ese contrato; y esos proveedores, a su vez, trasladarían el costo hacia abajo mediante sobreprecios a pequeños subcontratistas. La columnista lo llama, con precisión brutal, «un multinivel de moches».
Hemisferio no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones. Rivera Carrillo ni Blue Marine han respondido públicamente a los señalamientos publicados el 13 de julio.
El contexto en que emerge esta denuncia no es menor. La misma columna recuerda que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación aplazó el pago de 250 mil millones de pesos de deuda de Pemex hasta 2033, una maniobra contable destinada, según Mendoza, a «despresurizar los balances y sacar, en papel, a Pemex de la quiebra». El resultado práctico: empresas proveedoras que ya operan en lo que la columnista describe como «vías de extinción» deberán esperar casi una década para cobrar, si es que sobreviven.
La escena lo dice todo. Una empresa petrolera estatal que no paga, que concentra contratos en proveedores privilegiados y que —según estos señalamientos— habría generado las condiciones para que florezcan redes de cobros ilegales encadenados, no es una anomalía del sistema: es el sistema. La columnista evoca la Casa Gris de Houston, el inmueble que según reportes previos fue prestado por Baker Hughes a José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como antecedente de una cultura de beneficios cruzados que, a su juicio, nunca fue interrumpida.
La pieza de Mendoza también documenta un episodio distinto pero igualmente revelador en Jardines del Pedregal, Ciudad de México. Vecinos, comerciantes y la propietaria de un inmueble ubicado en Boulevard de la Luz 270 denunciaron públicamente que funcionarios de la alcaldía de Álvaro Obregón, encabezada por Javier López Casarín, ingresaron al establecimiento sin exhibir orden alguna para ejecutar una clausura. Según los denunciantes, no hubo identificación de los funcionarios ni de los elementos de seguridad, y la propietaria —una mujer adulta mayor que presentó escrituras y documentación en regla— fue empujada e intimidada durante el operativo. Comerciantes del lugar afirman que el operativo dañó la actividad económica, puso en riesgo empleos y causó daños materiales al inmueble.
Dos historias, un mismo patrón: el aparato estatal como instrumento de presión sobre la propiedad privada y la libre empresa.
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Para Hemisferio, lo que estas denuncias iluminan va más allá de los nombres propios. Pemex es el ejemplo más costoso de lo que ocurre cuando el Estado concentra en una sola empresa —opaca, políticamente administrada y financieramente insolvente— el grueso de la actividad petrolera de un país. Los 375 mil millones de pesos que se les deben a los proveedores no son un número abstracto: son empresas que no contratan, trabajadores que no cobran, inversión que no llega. Aplazar esa deuda hasta 2033 no resuelve el problema; lo transfiere al siguiente gobierno y, de paso, al contribuyente.
La denuncia sobre el operativo en Álvaro Obregón apunta a algo igualmente grave: cuando la autoridad es la primera en ignorar sus propios procedimientos, el Estado de derecho deja de ser un principio y se convierte en una frase de discurso. Los ciudadanos —y los empresarios— merecen saber con qué reglas juegan. En el México que describen estas fuentes, las reglas las pone quien tiene la llave de la clausura o el contrato.
