La escena lo dice todo. Cinco meses consecutivos de crecimiento económico negativo, una tasa de desempleo elevada y el fantasma de la recesión técnica sobrevolando Santiago. En ese contexto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió al aire en Radio Infinita para descartar el escenario más temido y defender la gestión del gobierno.
«Hemos propuesto un plan económico bastante consistente que lo primero que tiene que generar es confianza», afirmó Mas. En su lectura, esa confianza ya está llegando: según el ministro, los proyectos que ingresan a tramitación ambiental son «tres veces más que los últimos cuatro gobiernos». El argumento es lineal —confianza, luego inversión, luego empleo— pero el propio Mas reconoce que la cadena aún no ha completado su último eslabón.
La burocracia en el banquillo
El biministro fue directo al identificar al principal obstáculo: los plazos. «No es que no haya ganas de invertir, no es que no haya proyectos; lo que pasa es que nos demoramos mucho los proyectos», dijo. Su diagnóstico es que la demora en permisos es «uno de los enemigos más importantes para la inversión», porque los proyectos «pierden vigencia, pierden atractivos» y los inversionistas terminan buscando alternativas en otros mercados.
El gobierno, según Mas, ya ha avanzado un 30% en la tarea de acortar permisos sectoriales. La meta es dar «certeza para la inversión» en el largo plazo, una promesa que la administración ha convertido en el eje de su narrativa económica.
La megarreforma, esta semana
En ese marco, Mas defendió la llamada megarreforma, cuya votación estaba prevista para esta semana. Según el ministro, se trata de «un gran proyecto para Chile porque genera crecimiento, y ese crecimiento tiene que traer empleo». Entre sus componentes destacó cambios en materia ambiental, acuícola y en las denominadas microrrelocalizaciones, que según Mas generan «mucho movimiento, sobre todo en las regiones del sur del país».
Minería: interés sin proyectos nuevos
En el sector que también encabeza, el panorama es agridulce. Mas reconoció que, aunque «hay mucho interés por invertir en Chile», se trata de «inversiones que buscan mantener la productividad en las minas actuales» y que «hay poca inversión en minería nueva». Para la pequeña minería, el gobierno presentó un proyecto de ley para facilitar el pago de patentes mineras. Para la mediana, Mas contó que se reunió con alrededor de 25 compañías que producen 250.000 toneladas y que, a su juicio, «tienen todas las capacidades de duplicar su producción» si se eliminan trabas burocráticas y de permisos.
Los detalles cuentan la historia. Un ministro que reconoce en la misma entrevista que los proyectos pierden vigencia por los plazos y que la inversión en minería nueva es escasa está, en el fondo, describiendo el costo acumulado de años de sobre-regulación.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión estructural que no es exclusiva de Chile: el aparato estatal genera las trabas y luego celebra cuando promete reducirlas. Que un avance del 30% en la reducción de permisos sectoriales se presente como logro es, al mismo tiempo, una confesión de cuánto terreno se perdió antes. La libre empresa no necesita aplausos gubernamentales; necesita que el Estado se quite del camino.
La megarreforma y el discurso de la confianza pueden ser pasos en la dirección correcta. Pero mientras la economía acumule meses en negativo y la inversión minera nueva brille por su ausencia, el desenlace de este plan seguirá siendo una promesa, no un resultado.
