La escena lo dice todo. Padres haitianos que, en silencio y por miedo, sacan a sus hijos del colegio, cancelan controles médicos y evitan vacunas. No porque el Estado los haya expulsado, sino porque creen —equivocadamente— que puede hacerlo en cualquier momento.
Eso fue lo que el Defensor de la Niñez, Quesille, expuso ante la comisión investigadora sobre el ingreso de niños haitianos al país. Su diagnóstico combinó dos problemas distintos pero conectados: las fallas estructurales del aparato estatal encargado de proteger a los menores migrantes, y el daño colateral que produjo la difusión de hipótesis sin respaldo sobre trata, tráfico y explotación sexual.
El Estado que no puede seguir la pista
Quesille fue directo sobre las carencias institucionales. El personal fronterizo carece de protocolos y capacitación con enfoque en derechos de la niñez. No existe interoperabilidad entre instituciones, lo que impide hacer trazabilidad de los menores en procesos de reunificación familiar. Tampoco hay un registro unificado.
«Muchos de los casos de niños, niñas y adolescentes ingresados en reunificación familiar se pierden a propósito de la falta de seguimiento», señaló, apuntando además a las Oficinas Locales de la Niñez: «Hay Oficinas Locales de la Niñez ricas y otras pobres, que dependen o no de aportes municipales», y que este año sufrieron un recorte presupuestario de más de 400 millones de pesos.
Esa desigualdad territorial no es un detalle menor. Es la razón por la que los datos no cuadran y el seguimiento se rompe. Un Estado que recorta precisamente los organismos con mandato de protección infantil y luego no puede explicar dónde están los niños tiene un problema de diseño, no solo de ejecución.
Quesille también señaló la ausencia del Servicio Nacional de Migraciones en la frontera para atender a menores en situación de vulnerabilidad, y la falta de recursos para el seguimiento que corresponde.
Las hipótesis que hicieron daño
El segundo frente del testimonio fue más incómodo. Según Quesille, la filtración del preinforme de Contraloría y las hipótesis que circularon después —trata, tráfico, explotación sexual, tráfico de órganos— generaron una alarma pública que terminó perjudicando a la comunidad que supuestamente se quería proteger.
«Levantar hipótesis sin pruebas concretas fomenta alarma pública, desinforma y además también estigmatiza de manera sistemática a niños, niñas y adolescentes migrantes», afirmó.
La propia comunidad haitiana reportó a la Defensoría que, como consecuencia de esa conmoción, familias están desescolarizando a sus hijos y dejando de llevarlos a controles de salud. La idea que se instaló, según describió Quesille usando expresiones que la comunidad le transmitió directamente, es que los padres haitianos «cuidan mal», que «son malos padres, malas madres» que «dejan los hijos botados».
A eso se suma una confusión normativa con consecuencias reales. Una indicación al proyecto de ley sobre expulsiones administrativas —que habría facultado a la autoridad migratoria a requerir información a colegios y centros de salud— fue retirada por el Ejecutivo. Pero parte de la comunidad haitiana no lo sabe y actúa como si esa norma estuviera vigente. El resultado práctico: más niños fuera del sistema educativo y sanitario.
«No sabemos si eventualmente hay expulsiones del sistema de salud, si hay niños y niñas haitianas que no están yendo a algún control, o no se han ido a vacunar», reconoció Quesille, quien indicó que ha solicitado información caso a caso para tomar medidas desde la Defensoría.
Lo que el caso revela
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que las hipótesis más graves circularon sin sustento verificado. El daño no fue solo reputacional para las instituciones: fue concreto, medible en niños fuera del aula y familias que evitan los servicios públicos por miedo a ellos.
El caso expone una paradoja que debería incomodar a quienes diseñan política migratoria: un Estado que no tiene capacidad de seguimiento, que recorta las oficinas locales encargadas de proteger a los menores y que carece de protocolos en frontera, terminó generando más desprotección con el escándalo que sin él. La burocracia fragmentada y subfinanciada no protegió a nadie; solo acumuló puntos ciegos. Y cuando esos puntos ciegos se hicieron públicos de la peor manera, el costo lo pagaron los más vulnerables: los niños que ahora no van al colegio.
