La escena lo dice todo. Un vendedor ambulante ocupa un andén del Metro de Santiago, el personal de seguridad se acerca, le pide que abandone la estación, él obedece, y en cuanto los vigilantes doblan la esquina regresa al mismo lugar. Treinta y cinco mil operativos de «neutralización» después, el ciclo sigue igual.
Eso es lo que el gerente general del Metro, Felipe Bravo, describió ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que el martes aprobó en general —y por unanimidad de sus cinco integrantes— el proyecto que busca dotar de herramientas legales reales al personal del subterráneo y a Carabineros.
La iniciativa, presentada a mediados de 2025 por los entonces diputados socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto, cursa su segundo trámite constitucional. Su objetivo es frenar el comercio ambulante, la evasión, los desórdenes y los actos vandálicos que, según los propios datos del Metro, ocurren «con relativa frecuencia».
Los números de la inseguridad
Bravo presentó cifras concretas. La tasa de delitos en el sistema es de 1,28%, lo que equivale a «del orden de tres delitos al día». De ese total, el 67% corresponde a robos y hurtos, principalmente de teléfonos celulares; en ocasiones también desaparecen los desfibriladores instalados en las estaciones.
El comercio ilegal, por su parte, representa el 24% de los reclamos de los usuarios: uno de cada cuatro pasajeros que se queja, se queja de vendedores no autorizados. Y el 54% de las agresiones al personal del Metro derivan precisamente de los intentos de erradicar ese comercio. Es decir, quienes intentan hacer cumplir las reglas son los que más golpes reciben.
El panorama del vandalismo no es menos preocupante. En lo que va de 2026 se han registrado 78 interrupciones de servicio, y el 77% de ellas están asociadas al vandalismo. Personas que bajan a las vías para escapar de persecuciones, que atraviesan los rieles los fines de semana «sin ningún tipo de sanción», o que detienen trenes para grafitarlos.
«La interrupción de servicio de una línea puede significar media hora o 40 minutos detenidos, puede afectar a decenas de miles de personas», advirtió Bravo. El problema, dijo, es que «no existe una figura que permita sancionar adecuadamente» esa conducta.
El vacío legal
La frase que resume el debate es del propio gerente: «El personal de Metro no cuenta con las atribuciones suficientes legales que le permitan generar una sanción efectiva a quienes cometen este tipo de incivilidades y faltas». Pueden pedir, no pueden imponer.
Eso explica por qué 35.000 operativos no han resuelto el problema. Sin consecuencias reales, la disuasión no existe. El infractor calcula que el costo de desobedecer es cero, y actúa en consecuencia.
El proyecto busca cerrar ese vacío dotando tanto al personal de seguridad privada del Metro como a Carabineros de instrumentos más eficientes para intervenir, retener y sancionar a quienes cometan estas conductas dentro del sistema.
La aprobación unánime en comisión —algo que escasea en el Senado chileno de los últimos años— sugiere que el diagnóstico, al menos, no tiene disputantes. El siguiente paso es la votación en sala.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, la historia del Metro de Santiago ilustra un principio que se repite en toda la región: la norma sin sanción no es norma, es sugerencia. Cuando el aparato estatal carece de herramientas para hacer cumplir las reglas que él mismo dicta, el costo lo pagan los usuarios —los contribuyentes, los trabajadores, los pasajeros de a pie— en forma de demoras, inseguridad y degradación del servicio público.
La unanimidad del voto es, en ese sentido, una señal alentadora: reconoce que el orden en los espacios comunes no es una demanda de derecha ni de izquierda, sino una condición básica para que cualquier ciudad funcione. El desafío ahora es que la ley resultante tenga dientes de verdad, y no se convierta en otra capa de papel sobre el mismo vacío.
