El lunes 10 de agosto, Buenos Aires recibió por primera vez a Olivia Maurel. La activista francesa, autora del libro ¿Dónde estás mamá? y voz global de la Declaración de Casablanca, habló en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral, el Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El mensaje fue el mismo en cada sala: la gestación subrogada es una industria de tráfico humano y debe abolirse.
Los detalles cuentan la historia. El mercado transnacional de la subrogación mueve actualmente unos 28.000 millones de dólares y, según la fuente, proyecta multiplicarse por nueve en una década. En Argentina, la producción y entrega de un hijo cuesta entre 55.000 y 90.000 dólares, cifra que incluye servicios de captación y traslado, trámites jurídicos y gestión médica. De ese total, unos 10.000 dólares son pagados a la madre a título de «compensación» por producto entregado.
La arquitectura del negocio es precisa: convierte a las madres en portantes gestacionales, a los niños en objetos de contrato y al vínculo materno-filial en un servicio que cotiza en el mercado global. Países como España, Italia, Francia, Alemania, Austria, Suecia y Suiza lo prohibieron hace décadas. Argentina, en cambio, aún no lo ha hecho, a pesar de que su legislación solo reconoce la filiación por parto y prohíbe expresamente el comercio de seres humanos, órganos, tejidos, fluidos, biomateriales o funciones vitales.
El giro llegó en diciembre de 2023. A partir de entonces, según la fuente, el Estado argentino comenzó a perseguir por primera vez el delito penal de trata por reducción a la servidumbre y compraventa de niños vinculado a esquemas de gestación subrogada. Las causas se acumularon: hay 80 mujeres víctimas de presunta trata que esperan sentencia, 30 profesionales en la mira, 11 casos elevados a procesamiento en la Ciudad de Buenos Aires, 9 con pedido de elevación a juicio en Córdoba y más de 200 causas factibles de abrirse.
El respaldo internacional acompaña esa dirección. Un informe de 2025 de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer concluye que la gestación subrogada se caracteriza por la explotación y exhorta a los Estados a avanzar hacia su abolición. El Consejo de Europa y el Parlamento Europeo incluyeron la explotación de la gestación subrogada en la Directiva 2024 contra la trata de seres humanos. En mayo de este año, la Organización de los Estados Americanos, por iniciativa de nuestro país —Argentina—, recomendó a los 35 países del hemisferio investigar la «trata reproductiva», categoría que Argentina introdujo en la agenda internacional.
Maurel no llegó a un país indiferente. La recibieron el diputado Nicolás Mayoraz, Débora Ranieri, presidenta de PRODECI, y Bernardo García Larrain, coordinador de la Declaración de Casablanca. Su libro es, en parte, el expediente personal de lo que la industria produce en silencio: una persona que creció sin saber quién era su madre y que tardó años en reconstruir su identidad.
La escena lo dice todo. Una mujer que nació como producto de un contrato regresa, décadas después, a los parlamentos del mundo para pedir que ese contrato sea ilegal. No como ideología, sino como testimonio.
Para Hemisferio, el caso argentino ilustra algo más amplio: cuando el Estado decide llamar a las cosas por su nombre —compraventa de niños, trata de mujeres, mercado de cuerpos—, el aparato burocrático y el lobby que lo había capturado quedan expuestos. La narrativa del «altruismo solidario» que desreguló el mercado y encubrió el pago durante años no resistió el escrutinio penal. Lo que queda pendiente, según la fuente, es que Argentina tipifique expresamente el delito de explotación reproductiva y compraventa de niños. Mientras ese paso no se dé, el dinero de quienes pueden pagar 90.000 dólares seguirá encontrando el camino hacia los cuerpos de las mujeres más vulnerables. Eso no es un derecho reproductivo. Es un mercado.
