La escena lo dice todo. A las 6:14 de la mañana del lunes 27 de julio de 2026, según documentó el propio colectivo, un mensaje de WhatsApp y un correo electrónico salieron hacia Rafael Poveda. El asunto: su oportunidad de responder antes de que se publicara cualquier cosa. Poveda no contestó las preguntas.
Eso, en síntesis, es el núcleo del choque que esta semana sacudió al periodismo colombiano y desbordó las redes sociales con dos bandos claramente definidos.
Los hechos en orden
El 31 de julio de 2026, el periodista Rafael Poveda —director del programa Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio— emitió un comunicado público en el que anunció que comparecerá ante la justicia tras ser señalado por presunto acoso y abuso sexual. En ese texto reclamó sus garantías procesales y cuestionó el procedimiento periodístico empleado por quienes cubrieron su caso: sostuvo que omitir la versión del señalado antes de publicar «destruye la presunción de inocencia» y expone a los medios a demandas por difamación, calumnia e injuria.
Las denuncias fueron publicadas a través del medio digital Brava News. Dos mujeres son las denunciantes: una periodista cuya identidad permanece reservada, que describe episodios de tocamientos sin consentimiento y presiones para encuentros fuera del ámbito laboral; y la abogada y activista Sofía Vela Mejía, quien relató un supuesto abuso ocurrido a sus 29 años durante un encuentro posterior a un curso impartido por la productora de Poveda. Una de las dos denuncias fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación.
Poveda también difundió en redes sociales dos audios de una llamada que sostuvo con las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez —estas dos últimas, cofundadoras del colectivo Yo te creo colega junto a Catalina Botero y Paula Bolívar—. En esa llamada, según el material difundido, Poveda alegó que necesitaba conocer los detalles de los casos para poder «recordar» y entregar su versión.
La respuesta del colectivo
Yo te creo colega —el movimiento que impulsó el Me Too en Colombia— respondió con un comunicado oficial el mismo viernes 31 de julio. Su argumento central: la oferta de réplica existió, está documentada y Poveda no la aprovechó.
Según el colectivo, el 27 de julio a las 2:02 de la tarde se le remitió a Poveda un documento que resumía los testimonios de las dos mujeres, acompañado de un cuestionario para conocer su versión. «Hasta el día de hoy, el señor Poveda no ha respondido dichas preguntas», señaló el comunicado.
Sobre la razón por la que no se revelaron los nombres de las denunciantes en la llamada, el colectivo citó marco legal: la Ley 2365 de 2008, la Ley 2528 de 2025 —que incorpora el Convenio 190 de la OIT—, la Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo y la Ley 1257 de 2008. Esta última, precisaron, «establece como un derecho de las mujeres víctimas la no confrontación con su agresor en ningún escenario, sea judicial o periodístico».
El colectivo también pidió no perder «el foco de nuestra publicación, que versa sobre las dos denuncias de mujeres que han sido víctimas de violencia». Y ante la ola de comentarios en contra de las tres periodistas —y el apoyo masivo a Poveda en redes—, aclaró que «YO TE CREO COLEGA no busca protagonismo ni confrontación».
Poveda, por su parte, declaró que no controvertirá públicamente los testimonios: «Lo hago por respeto a las mujeres que han decidido hablar y porque cualquier respuesta de mi parte debe darse con rigor y responsabilidad ante la Fiscalía».
Los detalles cuentan la historia
Lo que queda en pie, más allá del ruido en redes, es una disputa sobre procedimiento: cuándo, cómo y a quién se le debe el derecho a réplica en el periodismo de denuncia. Poveda dice que no tuvo oportunidad real de responder; el colectivo presenta pantallazos con fecha y hora que, según afirma, demuestran lo contrario. La Fiscalía tendrá ahora la palabra en al menos una de las denuncias.
Para Hemisferio, el episodio ilumina una tensión que el activismo judicial y mediático suele dejar sin resolver: la presunción de inocencia no es un obstáculo al periodismo de investigación, sino una garantía que protege a todos —incluidos quienes mañana podrían ser señalados sin pruebas suficientes—. Que un movimiento invoque leyes laborales y convenios de la OIT para justificar la publicación sin réplica previa es, cuanto menos, un argumento que merece el mismo escrutinio que exige para los demás. El proceso judicial dirá si hay delito. Lo que ya está en el expediente público es la pregunta: ¿se agotaron realmente las vías antes de publicar?
