La escena lo dice todo. Mientras las empresas de América Latina apenas comienzan a integrar herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones, los parlamentos de la región ya diseñan los andamiajes institucionales que gobernarán —y en algunos casos, condicionarán— esa adopción. Colombia es, según el informe El nuevo mapa regulatorio de la inteligencia artificial en Latinoamérica, elaborado por Deloitte, uno de los países más avanzados en ese proceso.
El Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado y 324 de 2025 Cámara ya recibió ponencia positiva y continúa su trámite legislativo. La iniciativa propone una arquitectura institucional liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y contempla un esquema de coordinación con otras entidades del Estado para ejercer funciones de supervisión. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tendría un papel clave en asuntos relacionados con la protección de datos personales, los derechos de los consumidores y la competencia económica.
El informe de Deloitte ubica a Colombia en la denominada segunda ola regulatoria de la IA en la región, junto con Brasil, Chile y México. En el extremo más avanzado del espectro, Perú y El Salvador son los únicos países que cuentan con legislación específica sobre inteligencia artificial plenamente vigente. Brasil tiene un proyecto aprobado por el Senado; Chile avanza en el segundo trámite constitucional de su iniciativa; México presentó una propuesta para crear una autoridad nacional especializada.
Uno de los ejes centrales del proyecto colombiano es el énfasis en la calidad, representatividad y trazabilidad de los datos utilizados por los sistemas de IA. La propuesta también plantea la realización de estudios de impacto y mecanismos de evaluación para identificar riesgos y prevenir posibles afectaciones sobre las personas y sus derechos fundamentales.
El otro pilar es el enfoque basado en riesgos. Bajo ese modelo, las obligaciones para quienes desarrollen o utilicen sistemas de inteligencia artificial dependerán del impacto potencial que estas herramientas puedan generar sobre las personas, las organizaciones y la sociedad. Es, en términos generales, el mismo esquema que adoptó la Unión Europea con su AI Act: graduar la carga regulatoria según el nivel de riesgo de cada aplicación.
Jose Luis Jerez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Spanish Latin America, afirmó que «la regulación de la inteligencia artificial representa una oportunidad para generar confianza y acelerar una adopción responsable de esta tecnología. Colombia está construyendo las bases para que innovación y protección de derechos avancen de manera conjunta».
Los detalles cuentan la historia. El informe de Deloitte confirma que la gobernanza, la transparencia de los algoritmos, la gestión de riesgos y la protección de datos se están convirtiendo en pilares fundamentales del debate sobre IA en la región. La pregunta que la iniciativa colombiana no responde todavía con claridad es cuánto costará cumplir con ese marco y quién pagará la factura.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el proyecto recibió ponencia positiva. Colombia atraviesa una coyuntura económica tensa, con un gobierno que ha apostado por la expansión del gasto público y la intervención estatal en múltiples sectores. En ese contexto, sumar una nueva capa institucional —MinCiencias como rector, la SIC como supervisora sectorial, estudios de impacto obligatorios, mecanismos de evaluación— no es un movimiento neutral. Es una señal sobre quién controlará el acceso a una de las tecnologías más disruptivas de la próxima década.
Hemisferio reconoce el valor de un marco que dé certeza jurídica a empresas e inversores: sin reglas claras, la inversión en tecnología se inhibe. Pero la experiencia regulatoria latinoamericana advierte que los marcos diseñados para proteger derechos terminan con frecuencia protegiendo al regulador. El enfoque basado en riesgos es el camino correcto; el riesgo real es que la burocracia que lo administre crezca más rápido que la innovación que pretende encauzar. La libre empresa necesita reglas predecibles, no laberintos institucionales. Esa distinción será la prueba de fuego para el proyecto cuando llegue a su votación final.
