La escena lo dice todo.
Era el 20 de julio de 2026, día de instalación del nuevo Congreso, y Gustavo Petro usó el estrado para hacer algo inusual: anunciar a qué dedicaría sus últimos quince días en el poder. No a cerrar cuentas pendientes de su programa de gobierno, sino a preparar un plan de contingencia para un fenómeno climático que, según sus propias palabras, ocurrirá cuando él ya no sea presidente.
«Dedicaré los últimos 15 días que me quedan, sábados y domingos también», dijo Petro ante el recinto legislativo. El fenómeno en cuestión es lo que el mandatario saliente llama el «mega Niño»: una sequía de magnitud incierta que, a su juicio, tiene «cien por ciento casi de probabilidad» de materializarse en diciembre de 2026, con efectos sobre el agua, la agricultura, la alimentación y el sistema eléctrico.
La advertencia tiene un detalle que no es menor: el 7 de agosto, fecha de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella —quien derrotó en las urnas al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda—, Petro dejará la Casa de Nariño. El problema que describe, por tanto, le caerá en el escritorio a su sucesor.
La ciencia como escudo, la transición como frontera
Petro sostuvo que la advertencia está respaldada por «análisis científico» y que ya había convocado dos consejos internos sobre el tema. Anunció que al día siguiente del discurso realizaría uno televisado «para que la población pueda conocer toda esta problemática». Al mismo tiempo, admitió los límites del diagnóstico: «La ciencia no sabe la profundidad que puede tener, porque la crisis climática es imprevisible».
Si no hay preparación, dijo, el primer efecto sería hambre «a una magnitud que no podemos predecir», y el segundo, presión sobre la energía eléctrica. La solución que propuso no es el gas, aunque reconoció que «hay que importar algo», sino la expansión solar: «Precisamente la sequía es más sol. Por eso seca el agua».
En ese tramo del discurso introdujo una comparación política: aludió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando —según la versión de Semana— que quienes nieguen la crisis climática actuarán «como Trump», mientras que él, Petro, se guía por la ciencia.
El balance energético y la acusación de «estafa»
Antes de cerrar con el mega Niño, Petro hizo su propio balance del sector eléctrico. Afirmó que durante su gobierno Colombia alcanzó un 74,1% de generación con energías limpias, tras sumar 4,6 gigavatios a una capacidad instalada total de 22 gigavatios. De ese total, señaló, cuatro gigavatios corresponden a energía solar y 54 a generación hidráulica. Con esos números, sostuvo que «nunca hubo apagón» en su mandato.
Pero el pasaje más contundente fue su ataque a la fórmula tarifaria vigente. Petro la calificó de «ricardiana» y, directamente, de «estafa»: según explicó, el esquema actual cobra toda la electricidad al costo del gas, aunque la mayor parte se produce con agua y sol, que según sus datos es «siete veces más barata». «Todos los días me decían apagón, apagón, y era para subir las tarifas de energía», afirmó ante los parlamentarios. Anunció que ya modificó esa fórmula para que cada fuente pague su costo real, lo que, dijo, «desploma la tarifa». Añadió que su ejecución dependerá del nuevo Congreso y del nuevo gobierno.
Lo que hereda De la Espriella
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Petro no entrega un gobierno en calma: entrega una advertencia de sequía severa, una reforma tarifaria eléctrica recién firmada cuya aplicación queda en manos de otros, y una transición de quince días en la que el presidente saliente estará ocupado, según sus propias palabras, en un plan de contingencia climática.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el cuadro merece una lectura sin eufemismos. Que el principal legado de gestión que Petro elige exhibir en su último discurso ante el Congreso sea una amenaza futura —cuya «profundidad» la propia ciencia no puede precisar— dice más sobre el estado en que deja las instituciones que sobre su capacidad de previsión. La reforma tarifaria que anuncia como conquista llega sin tiempo para ser evaluada, y su sucesor, De la Espriella, heredará tanto el mérito si funciona como el costo político si fracasa.
El libre mercado energético y la inversión privada en generación necesitan reglas estables, no fórmulas cambiadas en la recta final de un mandato. Colombia entra al 7 de agosto con una pregunta sin responder: ¿quién paga la factura de la incertidumbre?
