La reunión duró lo suficiente para que quedara clara la apuesta. El vicepresidente Félix Ulloa recibió esta semana a Scott Jesse Silver, fundador de la empresa de inteligencia artificial Teknomic, para escuchar una propuesta de gobernanza digital que, según la Vicepresidencia de El Salvador, apunta a la transparencia, la participación ciudadana y la gestión de procesos comunitarios.
La iniciativa de Silver contempla una plataforma verificable para administrar propuestas, reuniones, resoluciones y registros oficiales, todo con herramientas de IA bajo supervisión humana y respeto a la autoridad institucional. No es un contrato firmado ni un programa en marcha: es, por ahora, una exploración. Ambas partes expresaron disposición a mantener el intercambio técnico y explorar posibles espacios de colaboración.
Pero el contexto en el que esa conversación ocurre importa tanto como la conversación misma.
Ulloa mencionó durante el encuentro la existencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial —ANIA—, a la que describió como la institución rectora para promover, investigar y desarrollar la aplicación de inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías emergentes. También enumeró ejes de trabajo: protección de datos, impulso a la robótica, mecanismos de seguridad y confianza. El vicepresidente compartió además su experiencia en el primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, espacio que El Salvador copresidió junto a Estonia.
Esa referencia no es menor. Que un país centroamericano de poco más de seis millones de habitantes comparta presidencia con Estonia —la república báltica que lleva tres décadas construyendo el Estado digital más avanzado de Europa— dice algo sobre el lugar que San Salvador quiere ocupar en la conversación global sobre tecnología.
Los números respaldan parte de esa ambición. En junio, la UNESCO y la ANIA presentaron los resultados de una evaluación sobre preparación en inteligencia artificial que identificó avances en servicios públicos y proyectó que una adopción ética de la tecnología podría generar hasta 1.229 millones de dólares anuales, equivalente a un crecimiento de hasta 3,9% del PIB. El Salvador obtuvo el puntaje máximo de 100 en el subindicador de iniciativa legal del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, resultado que la evaluación atribuyó al andamiaje normativo construido en los últimos años: la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, la Ley de Ciberseguridad y la Ley para la Protección de Datos Personales.
Los detalles cuentan la historia. El Registro Nacional de las Personas Naturales digitalizó 18 millones de imágenes históricas en alianza con Google, habilitando la obtención remota de certificados electrónicos. La Procuraduría General de la República desplegó «Procurador IA», una herramienta que redujo tareas jurídicas complejas de cinco horas a entre 15 y 20 minutos. En educación, el tutor Grok se incorporó a más de 5.000 escuelas públicas, con potencial para beneficiar a un millón de estudiantes.
Según el informe conjunto de UNESCO y ANIA, el ecosistema salvadoreño se fortaleció a través de alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado. La apuesta oficial es que esa expansión no quede limitada a centros urbanos y contribuya a democratizar el acceso al conocimiento.
La escena lo dice todo. Mientras otros gobiernos de la región debaten si regular o no la inteligencia artificial —y en ese debate pierden años y oportunidades—, El Salvador ya tiene marco legal, agencia rectora, casos de uso documentados y presencia en foros multilaterales. La propuesta de Teknomic puede prosperar o no; eso lo dirá el tiempo. Lo que no está en discusión es que el país construyó las condiciones para que esa conversación sea posible.
Para Hemisferio, la lección es de política pública elemental: la regulación inteligente no frena la innovación, la encauza. Un Estado que define reglas claras, protege datos y abre espacio al sector privado no necesita gestionar cada proyecto desde la burocracia central. Necesita, precisamente, no hacerlo. El modelo salvadoreño —imperfecto, en construcción, con resultados todavía parciales— apunta en esa dirección. En una región donde el aparato estatal suele ser obstáculo antes que plataforma, eso merece atención.
