La sala era más pequeña de lo previsto. El lunes, cuando el juicio por los asesinatos de Callum Robinson, Jake Robinson y Jack Carter Rhoad abrió formalmente en Ensenada, las autoridades decidieron trasladar a los acusados a un recinto más reducido: corrían acusaciones de que testigos habían sido intimidados por personas vinculadas a los imputados. Los detalles cuentan la historia.
Los tres hombres que ahora enfrentan al tribunal son Jesús Gerardo García, conocido como «El Kekas», Irineo Francisco y Ángel Jesús. Sus apellidos completos no fueron divulgados conforme al procedimiento penal mexicano. Los cargos incluyen homicidio, robo con violencia y robo de vehículo. Los fiscales solicitan penas de más de 200 años de prisión para cada uno de los acusados, más una condena adicional de 168 años para el presunto cabecilla.
Callum Robinson tenía 33 años y era jugador profesional de lacrosse en San Diego; integraba la selección nacional de Australia. Su hermano menor Jake, de 30 años, había viajado desde Australia para el viaje de surf y estaba a punto de comenzar a ejercer como médico al regresar. Su amigo Rhoad, también de 30 años, fue asesinado pocos meses antes de su boda.
Desaparecieron en 2024 mientras acampaban y surfeaban en una playa remota de Baja California. Sus cuerpos fueron hallados días después en el fondo de un pozo en un acantilado, con heridas de bala en la cabeza. La camioneta que conducían fue encontrada quemada cerca del lugar.
Los fiscales sostienen que los tres fueron asesinados durante un intento de robo del vehículo que terminó mal. La defensa argumentó que no existe evidencia suficiente para sostener esa teoría. El juicio, sin jurado, se extenderá durante cuatro semanas y se espera que declaren decenas de testigos.
Una pieza del rompecabezas ya está resuelta. La ex pareja de García, identificada como Silva Raya, fue condenada el año pasado a 20 años de prisión tras admitir que instigó el robo con el objetivo de apoderarse de las llantas de la camioneta. Fue la primera persona en ser sentenciada por el caso.
Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos australianos, estuvieron presentes en la apertura del juicio el martes. «Queremos que los hombres acusados de asesinar a nuestros hijos vean, en persona, las consecuencias humanas de lo que ocurrió», dijeron en un comunicado citado por la emisora australiana ABC. «Callum y Jake no eran simples víctimas en un expediente; eran nuestros hijos, profundamente amados por su familia y amigos, con vidas, sueños y futuros que les fueron brutalmente arrebatados.» Martin Robinson, antes de entrar al tribunal, dijo a los periodistas: «Sé que ellos querrían que estuviéramos aquí; ellos habrían hecho lo mismo por nosotros.»
Ensenada es, por lo general, una ciudad costera tranquila. A pesar de los altos niveles de violencia del crimen organizado en los estados fronterizos del norte de México, los turistas rara vez son blanco de ataques de esta magnitud en los pueblos surfistas de Baja California. El caso sacudió tanto a Australia como a la propia comunidad local.
La escena lo dice todo. Tres familias —una australiana, una californiana— esperaron más de un año para que comenzara este proceso. Lo que está en juego en Ensenada no es solo la condena de tres individuos: es la señal que el Estado mexicano envía sobre su capacidad real de garantizar que los turistas, los visitantes, los extranjeros que llegan a gastar y a disfrutar de sus costas no terminen en el fondo de un pozo. Cada semana que el aparato judicial mexicano demore, cada testigo intimidado, cada maniobra procesal, es un costo que paga la imagen del país ante el mundo y un argumento más para quienes advierten que la violencia del crimen organizado ya no respeta las zonas que se suponían seguras. El veredicto, cuando llegue, dirá mucho sobre el estado de derecho en Baja California. El juicio acaba de comenzar.
