La escena lo dice todo. El jueves 13 de agosto de 2026, el juez de distrito Richard G. Stearns firmó una resolución en Boston y, con ella, cerró uno de los frentes legales más visibles de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la Universidad de Harvard.
El fallo desestimó la demanda que el Departamento de Justicia había presentado en marzo, en la que acusaba a Harvard de hacer la vista gorda ante el acoso sufrido por estudiantes judíos durante las manifestaciones propalestinas que sacudieron el campus tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.
El argumento central del gobierno era que las autoridades de Harvard no actuaron mientras estudiantes judíos eran, según el texto de la demanda, «acosados, agredidos físicamente, perseguidos y les escupían». Con esa base, la Casa Blanca buscaba recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales para investigación otorgadas a Harvard desde octubre de 2023, invocando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen nacional.
Stearns no encontró sustento suficiente. Su decisión señaló que el gobierno no logró demostrar una violación vigente de las leyes federales de derechos civiles, y que la demanda se centraba en su mayoría en incidentes ocurridos durante el año académico 2023-2024 y en algunos casos de marzo de 2025. Esos episodios eran, en palabras del magistrado, «demasiado aislados y episódicos» para probar una violación persistente en el campus de Cambridge, Massachusetts.
Ni Harvard ni el Departamento de Justicia emitieron comentarios sobre la decisión.
La disputa entre el gobierno de Trump y Harvard no nació con esta demanda. El conflicto escaló después de que la universidad rechazó una lista de exigencias formuladas por la Casa Blanca tras el regreso de Trump al cargo. Desde entonces, las autoridades intentaron recortar el financiamiento federal destinado a investigación y limitar la capacidad de Harvard para matricular estudiantes extranjeros y miembros de las Fuerzas Armadas.
Ese frente tampoco le fue bien al gobierno. En otro caso legal, un juez federal ordenó revertir más de 2,600 millones de dólares en recortes de financiamiento federal a Harvard. Esa resolución concluyó que la Casa Blanca impuso condiciones inconstitucionales al financiamiento y utilizó el antisemitismo como una «cortina de humo para un ataque selectivo, motivado ideológicamente» contra las universidades.
Pese a la dureza del enfrentamiento, Harvard y el gobierno mantuvieron algunas negociaciones. El propio Trump dijo que ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la presentación de la demanda por derechos civiles en marzo apuntó a lo que la fuente describe como un estancamiento extraordinario, tanto más llamativo porque, cuando se determina que una universidad infringe la ley federal de derechos civiles, casi siempre se llega al cumplimiento mediante acuerdos voluntarios.
Desde Harvard, el presidente Alan M. Garber había respondido a las acusaciones señalando que la universidad formó un grupo de trabajo para combatir el antisemitismo, contrató a un nuevo jefe académico y nuevos decanos, y reformó sus políticas disciplinarias para hacerlas «más coherentes, justas y eficaces».
La lectura de Hemisferio. El fallo de Stearns es una derrota táctica para el gobierno, pero el debate de fondo no desaparece con una resolución judicial. La pregunta que el caso dejó sin responder no es procesal: es si las grandes universidades con financiamiento masivo del contribuyente rinden cuentas reales cuando el orden en sus campus se rompe. Que los incidentes fueran considerados «demasiado aislados» para configurar una violación legal no equivale a decir que no ocurrieron. El dinero federal que fluye hacia Harvard sigue siendo dinero de los contribuyentes, y la tensión entre autonomía universitaria y responsabilidad pública no se resuelve en los tribunales: se resuelve en el Congreso y, en última instancia, en las urnas.
