La escena lo dice todo. Un viceministro comparece ante la Comisión de Presupuesto, solicita $1.2 millones para cubrir viáticos de 31 diplomáticos y, cuando le preguntan qué beneficios concretos genera cada misión para Panamá, responde que no tiene esa información a la mano.
Eso ocurrió el martes 28 de julio, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó el traslado de partida solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó ante los diputados el origen del problema: Cancillería había pedido $33 millones para servicios personales en el presupuesto de 2026, pero recibió solo $20.6 millones. De esa diferencia, $1.28 millones corresponden a los llamados «viáticos contingentes» de julio y agosto de este año para 31 funcionarios que quedaron sin cubrir.
El propio Guevara Mann aclaró que, pese al nombre, los «viáticos contingentes» no atienden emergencias ni imprevistos. Son un complemento de los emolumentos destinado a compensar «fluctuaciones en el costo de vida» en los países de destino, particularmente en Europa y Asia. En otras palabras: un gasto fijo, previsible, que no fue presupuestado.
Los 31 funcionarios pendientes están destinados en misiones diplomáticas y consulares en India, Bélgica, Arabia Saudita, Perú, Suiza, Jamaica, Chile, Israel, Brasil, Reino Unido, España, Francia, Qatar, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Uruguay, China, Costa Rica, Países Bajos, Alemania e Italia, entre otros. Entre ellos hay embajadores, representantes permanentes, delegados permanentes, agregados y cónsules. Guevara Mann señaló que solo uno de los 31 es funcionario de carrera diplomática.
El diputado Luis Duke, de la coalición Vamos, fue directo en sus cuestionamientos. Preguntó qué beneficios concretos están generando para Panamá esas embajadas en materia de inversión extranjera, promoción comercial y generación de empleo. Puso como ejemplo al embajador en Qatar, a quien atribuyó ingresos mensuales superiores a $26 mil, y preguntó si el Estado cubre además vivienda, alimentación y vehículo. «Estamos por años, por décadas, utilizando el servicio exterior simplemente para presencia y dimensión política en esos países. Ya, es importante, pero ¿qué más?», cuestionó Duke.
Guevara Mann defendió las misiones. Sostuvo que su función no puede medirse únicamente por resultados económicos y citó como ejemplo las gestiones de Panamá para que otros países se adhieran al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal, mencionando la adhesión de Suiza como fruto de ese trabajo diplomático. Se comprometió a realizar la evaluación de rendimiento que los diputados solicitaron.
El debate se produjo además en un contexto que añade sensibilidad política al asunto. Entre los nombramientos diplomáticos señalados públicamente figuran José Javier Mulino Quintero, hermano del presidente José Raúl Mulino, quien ocupa el cargo de embajador de Panamá en Portugal, y Ramón Martínez-Acha, sobrino del canciller Javier Martínez-Acha, quien se desempeña como cónsul de Panamá en Shanghái, según reportó La Prensa.
Los detalles cuentan la historia. El gobierno del presidente Mulino ha construido parte de su capital político sobre la promesa de eficiencia administrativa y apertura a la inversión. Esos principios, aplicados con rigor al servicio exterior, exigen exactamente lo que el diputado Duke reclamó en la sesión: una relación verificable entre el gasto del contribuyente y los resultados para el país. Que el viceministro no tuviera esa información disponible no es un detalle menor; es el síntoma de una burocracia diplomática que opera bajo la lógica de la «presencia» sin rendir cuentas por sus frutos.
Para Hemisferio, el principio en juego es simple: el dinero público exige justificación pública. Un servicio exterior moderno no se defiende apelando a su existencia, sino demostrando lo que produce. Mientras esa demostración no llegue, cada traslado de partida es una pregunta sin responder.
