La escena lo dice todo. Detrás del Hospital Francisco Rísquez, en la parroquia San José de Caracas, hay familias que duermen cada noche con la vista puesta en una pared que cede. No es metáfora: según el reporte del periodista Robert Lobo, difundido a través de la red social X, varias áreas internas del centro de salud ya colapsaron tras los terremotos del pasado 24 de junio.
El área de hospitalización es, según el reporte, una de las zonas más comprometidas. La infraestructura ha venido cediendo de forma progresiva durante los días posteriores a los sismos. Los vecinos de la parroquia no hablan de daños abstractos: hablan de un edificio que se desmorona sobre sus cabezas.
Lo que convierte esta historia en algo más que una nota de infraestructura es lo que está detrás del hospital. Literalmente. Varias viviendas se encuentran adosadas a la estructura deteriorada, y sus habitantes saben que un desplome no controlado podría arrastrarlas. Por eso, la solicitud de los residentes no es solo una inspección técnica —aunque también la piden con urgencia— sino algo más concreto y más desesperado: una demolición controlada que reduzca el riesgo antes de que el edificio decida cuándo y cómo caer.
Los detalles cuentan la historia. Un hospital público en la capital del país, dañado por un sismo, sin que las autoridades hayan respondido con la celeridad que exige una amenaza de colapso inminente sobre zonas residenciales. Los vecinos no acuden a un organismo técnico que ya esté en el lugar; acuden a los medios y a las redes sociales para que alguien, en algún despacho, voltee a ver.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Los terremotos del 24 de junio dejaron una huella visible en la infraestructura caraqueña, y el Hospital Francisco Rísquez se convirtió en uno de sus símbolos más elocuentes. No por su tamaño ni por su historia, sino por lo que representa: un servicio público que ya no servía del todo, golpeado por un evento natural, y abandonado a su suerte por el aparato estatal que debería gestionarlo.
La parroquia San José no es un barrio marginal en el imaginario urbano de Caracas. Es un sector céntrico, con historia, con vecinos organizados que saben cómo levantar la voz. Y aun así, la respuesta institucional —al menos hasta el momento del reporte— ha sido el silencio.
No hay cifras oficiales sobre el costo de la rehabilitación, ni declaraciones de autoridades sanitarias, ni un cronograma de intervención. Solo la alerta de un periodista, la preocupación de los residentes y una estructura que sigue cediendo.
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Lo que ocurre en Cotiza no es un accidente administrativo. Es el resultado acumulado de años de desinversión en infraestructura pública, de un modelo en el que el Estado venezolano concentra el poder de decidir sobre hospitales, viviendas y servicios, pero no asume la responsabilidad de mantenerlos. Cuando un sismo expone esa fragilidad, no hay red de seguridad: ni técnica, ni institucional, ni presupuestaria.
Las familias que viven detrás del Hospital Francisco Rísquez no le piden al gobierno una revolución ni un debate ideológico. Le piden lo más básico que puede exigirse a cualquier Estado: que retire de encima de sus casas una amenaza que él mismo permitió que se acumulara. Que intervenga antes de que el desenlace lo escriba la gravedad.
