Es de noche en Playa Grande y los hombres y mujeres con trajes naranjas no se detienen. Algunos comen afuera de las carpas, beben agua, esperan el llamado. Las banderas de Venezuela y El Salvador cuelgan juntas sobre el hospital de campaña salvadoreño, uno de los pocos puntos de atención médica que sigue operando en el litoral venezolano un mes después del terremoto del 24 de junio.
La instalación fue enviada por instrucciones del presidente Nayib Bukele y opera bajo la dirección del doctor Roberto Gavidia. El recinto no cierra. «Siempre está abierto para todo aquel que lo necesite», describe el propio Gavidia, quien recibió a El Carabobeño para un recorrido completo por las instalaciones.
El equipo es, según Gavidia, «multidisciplinario» y supera las 300 personas. Los servicios disponibles abarcan medicina general, estabilización de pacientes, atención de infecciones respiratorias, lesiones traumáticas y afecciones dermatológicas. El hospital incorporó también un área de salud mental para acompañamiento psicológico a quienes perdieron familiares, viviendas y pertenencias. Y hay un detalle que dice mucho del estado de la comunidad: se habilitó atención veterinaria para los animales de compañía de las familias damnificadas.
La clasificación de pacientes sigue un protocolo de semáforo. Un médico recibe a cada persona con láminas de calcomanías: verde para casos estables que solo necesitan medicamentos, amarillo para posibles emergencias, rojo para gravedad inmediata que va directo al área de estabilización. La noche del recorrido había unas 36 personas atendidas. Gavidia aclara que la demanda en un día puede llegar a 200 pacientes.
«Nos han llegado gente que tiene infecciones respiratorias porque trabajan con los túneles, otros aún se ven por los traumas del 24 y otros patologías crónicas como diabetes. Son personas que perdieron todo y no tienen sus pastillas y el hecho de haber pasado tantos días sin consumirlos los desestabiliza», relata el médico.
La misión atravesó fases distintas. Al principio, el foco estuvo en los protocolos de búsqueda y rescate y en los casos de síndrome de aplastamiento, para los que se aplicaron micro clínicas. Fue entonces cuando Gavidia identificó el problema central: las personas rescatadas en distintos puntos de La Guaira no recibían atención médica en el sitio. «Eso nos preocupó, así que desarrollamos clínicas satelitales para que los rescatistas llegaran a esos pacientes en los sitios puntuales y recibieran atención rápida e inmediata», explica.
Concluida esa etapa vino el trabajo de agua y saneamiento ambiental. Solo después se instaló el hospital de campaña permanente que opera hoy, con una diferencia notable respecto a otras misiones de emergencia: atiende a cualquier venezolano, sin importar si está o no directamente vinculado a la tragedia de La Guaira.
Ese último punto no es menor. La crisis de salud en Venezuela es anterior al sismo y el hospital salvadoreño lo sabe. Pacientes con enfermedades crónicas descompensadas por semanas sin medicación no son víctimas del terremoto en sentido estricto; son víctimas de un sistema sanitario que ya había colapsado antes del 24 de junio. El hospital de Bukele atiende a ambos.
La escena lo dice todo. Mientras el aparato estatal venezolano no logra garantizar atención básica a su propia población —ni en emergencia ni en condiciones ordinarias—, un gobierno extranjero despliega más de 300 profesionales, carpas, medicamentos y hasta veterinarios para cubrir ese vacío. El Salvador no mandó una delegación simbólica; mandó una red médica funcional. La cooperación internacional puede llenar brechas puntuales, pero el problema de fondo —un Estado que no puede o no quiere proveer servicios esenciales a sus ciudadanos— no se resuelve con carpas naranjas. Esa es la historia que las banderas cruzadas en Playa Grande cuentan sin decirlo.
