La escena lo dice todo. Un aviso publicado esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela que la agencia gastará hasta 20 millones de dólares en adquirir los llamados Generated Low Output Voltage Emitters, o G.L.O.V.Es, antes de que termine marzo de 2027. Los guantes, descritos por el propio DHS como «dispositivo conductor de distracción y desescalada», serán distribuidos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros agentes en el campo para garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para arrestar y remover de manera segura a extranjeros ilegales criminales de nuestro país», dijo un portavoz del DHS en declaraciones a la revista TIME.
La compra se produce en un momento en que la administración Trump enfrenta escrutinio por el uso de la fuerza en su operativo migratorio. Según TIME, al menos diez personas han muerto en encuentros con agentes federales desde que Trump retomó la presidencia en enero del año pasado. El portavoz del DHS aseguró que el 70% de los arrestados por ICE son «extranjeros ilegales peligrosos acusados o condenados por un delito», aunque la misma publicación señala que los datos disponibles muestran que la mayoría de los detenidos durante el segundo mandato de Trump no tienen condenas penales en su historial.
La trastienda del debate
La noticia despertó alarmas entre ex funcionarios del propio DHS. John Sandweg, quien se desempeñó como director interino de ICE y consejero general interino del DHS durante la administración Obama, cuestionó la necesidad del dispositivo.
«La idea de que necesitas herramientas como esta, este nivel de fuerza, para someter a un inmigrante no criminal que está en un entorno seguro… eso es alarmante», dijo Sandweg a TIME. El ex funcionario advirtió que existe «un alto potencial de abuso» con los nuevos dispositivos, en parte porque ICE ha acelerado la contratación de agentes mientras recorta protocolos de selección y entrenamiento. Documentos presentados por dos denunciantes del DHS en febrero respaldaron esa caracterización.
«Estamos viendo muchos problemas con el entrenamiento en uso de la fuerza», afirmó Sandweg, quien calificó el plan de «increíblemente preocupante» y propuso que, de avanzar, debería implementarse primero «en pilotos pequeños» con entrenamiento presencial extensivo.
Margo Schlanger, quien dirigió la oficina de derechos civiles y libertades civiles del DHS también bajo Obama, fue más directa sobre las diferencias técnicas entre los guantes y una taser convencional. Según explicó a TIME, la taser incapacita temporalmente al objetivo al bloquear el control muscular, mientras que los guantes «solo producen dolor».
«No incapacitan. Solo duelen, y eso significa que no se usan únicamente cuando una persona representa un riesgo para un agente», dijo Schlanger. «El cumplimiento por dolor es un método de dominación dolorosa. Por eso es muy susceptible de ser mal utilizado».
Schlanger también llamó la atención sobre un elemento que considera revelador: en un artículo de Police & Security News, Jeff Niklaus, fundador y CEO de Compliant Technologies —fabricante de los guantes—, describió el dispositivo como «low optic», es decir, discreto y difícil de detectar por observadores externos.
«Lo que significa "bajo perfil óptico" es que no quieren que nadie que esté mirando sepa que están haciendo esto», sostuvo Schlanger. «Parece que ICE está tratando de evitar la rendición de cuentas pública. Eso es lo que este dispositivo les permite».
Compliant Technologies declinó la solicitud de entrevista de TIME. La ACLU, por su parte, también expresó preocupación por la posibilidad de que los agentes administren descargas eléctricas «de una manera que podría ser imperceptible para quienes observan».
El principio en juego
Hemisferio comparte la premisa central de la administración Trump: el Estado tiene no solo el derecho sino la obligación de hacer cumplir las leyes migratorias y proteger la seguridad pública. Un aparato de deportación eficaz es legítimo y necesario.
Pero la eficacia y la legitimidad no son lo mismo que el gasto irrestricto de dinero de los contribuyentes en herramientas cuya utilidad operativa está en disputa —incluso entre quienes apoyan la misión de ICE— y cuyo diseño «discreto» dificulta la supervisión. Veinte millones de dólares en dispositivos que, según expertos en uso de la fuerza, son menos efectivos que el equipamiento ya disponible, y que se distribuirían entre una fuerza en expansión acelerada con protocolos de entrenamiento recortados, no es una política de orden público: es un riesgo institucional. El gobierno limitado exige también que el Estado rinda cuentas por cada dólar que gasta y cada acto de fuerza que ejerce en nombre del ciudadano.
