La escena lo dice todo. Un juez federal en Manhattan interrogó durante casi una hora a los abogados del Departamento de Justicia, y al cabo de ese tiempo el gobierno ya no tenía caso que sostener.
El jueves, el DOJ anunció que retirará las citaciones dirigidas a periodistas del New York Times que habían informado sobre las capacidades de seguridad del nuevo avión presidencial, un Boeing 747-8 donado por Qatar al gobierno de Estados Unidos. «El gobierno está preparado para retirar unilateralmente las citaciones en este momento», declaró Sean Buckley, uno de los funcionarios de más alto rango de la fiscalía en Manhattan, ante el Tribunal de Distrito.
El juez Arun Subramanian, que había presionado a los abogados gubernamentales con preguntas sin respuesta satisfactoria, dejó una puerta entreabierta: el Departamento de Justicia no tiene impedimento para volver a citar a los periodistas si el gobierno sigue los procedimientos adecuados. Es decir, la retirada no es una victoria definitiva; es, por ahora, un alto en el camino.
Los detalles cuentan la historia.
Las citaciones no eran un instrumento quirúrgico. El DOJ había solicitado registros telefónicos que se remontaban al 1 de enero, meses antes de que el Times publicara una sola línea sobre el avión qatarí. También requirió datos de proveedores de servicios externos vinculados a los periodistas y, en un giro que encendió alarmas, los registros telefónicos de los cónyuges de dos reporteros y de la madre de uno de ellos. El periódico calificó el operativo de «abusivo e impropio» y lo describió como un intento de identificar a las fuentes que hablaron con sus reporteros sobre los sistemas de seguridad del avión.
El origen de todo está en una historia que incomodó a la Casa Blanca. El New York Times informó que el nuevo Air Force One carecía de las medidas de seguridad necesarias, incluidas defensas antimisiles. Trump realizó su primer vuelo en el aparato el 1 de julio, pero al regresar de la cumbre de la OTAN en Ankara, el 10 de julio, tomó un avión diferente. Cuando los periodistas le preguntaron por qué seguía volando en un avión sin capacidades defensivas completas, el presidente respondió: «Tiene mucha capacidad, pero según tengo entendido, dentro de aproximadamente un mes lo van a enviar para llevarlo al máximo».
Esa respuesta confirmó, de facto, la información publicada. Y aun así el aparato estatal se movilizó para encontrar a quien habló.
El caso se había convertido, según la propia cobertura del proceso, en uno de los puntos más visibles de los esfuerzos de la administración Trump por aumentar la presión sobre los medios independientes. Las citaciones al gran jurado llegaron poco después de que los reportajes salieran a la luz, un calendario que el Times señaló en sus documentos judiciales como evidencia de la motivación real del operativo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
La pregunta que quedó flotando en la sala del tribunal no era solo legal: era de proporciones. ¿Justifica la búsqueda de una filtración el acceso a los registros telefónicos de familiares de periodistas, con retroactividad de meses? El juez Subramanian, con su hora de preguntas, sugirió que la respuesta era negativa. El gobierno, al retirar las citaciones antes de que el tribunal se pronunciara, evitó un fallo que podría haber sentado precedente.
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Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio merece ser leído en dos registros simultáneos. El primero: el periodismo que expone vulnerabilidades reales en la seguridad del presidente cumple una función legítima, y la presión judicial sobre fuentes y familiares de reporteros es un instrumento que, bien usado o mal usado, genera un efecto disuasorio sobre el periodismo de investigación que va más allá del caso concreto. El segundo registro es igualmente válido: las filtraciones sobre capacidades defensivas de un avión presidencial no son un asunto menor, y cualquier gobierno tiene interés legítimo en conocer el origen de esa información. La tensión entre ambos principios —libertad de prensa y seguridad nacional— no se resuelve con citaciones masivas que rastrean teléfonos de madres y cónyuges. Se resuelve, si acaso, con procedimientos que el propio juez describió como ausentes en este caso. El gobierno parpadeó primero. Lo que venga después dependerá de si esta vez aprende la lección o simplemente afina la táctica.
