La escena lo dice todo. En simultáneo, agentes de la Fiscalía General de la Nación ejecutaron capturas en Bogotá, Pereira, Cartagena, Villavicencio, Sogamoso y Valledupar. Trece personas detenidas en una sola jornada: contratistas, servidores públicos activos, exfuncionarios y un alcalde en ejercicio. El martes 4 de agosto, Colombia se asomó a la trastienda de uno de los esquemas de corrupción más elaborados que haya investigado el ente acusador en los últimos años.
La cifra que ancla el caso es 3 billones de pesos. Según la investigación, eso es lo que habría desfalcado la red al Sistema General de Regalías (SGR), el mecanismo constitucional que distribuye entre regiones los ingresos del país por la explotación de recursos naturales. La Fiscalía señala que esa suma equivale al dinero necesario para construir aproximadamente 40.000 viviendas de interés social, y supera el presupuesto anual de la mayoría de los municipios colombianos.
El instrumento central del esquema fue el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social —conocido como «Sierra Nevada»—, una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza público-privada creada, en teoría, para ejecutar proyectos de inversión, consultoría e infraestructura en beneficio de comunidades. En la práctica, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el Fondo habría concentrado la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del SGR en sectores tan diversos como infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, deporte, medio ambiente, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural.
Lo que hace singular este caso no es solo la magnitud del daño, sino la sofisticación del método. La organización habría adoptado un manual de contratación propio —diseñado para burlar los controles de la contratación pública— que facilitó la adjudicación de contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma red. Los direccionamientos se habrían respaldado en documentos, actas y registros falsos creados para inducir en error a las autoridades competentes. Un aparato burocrático al servicio del saqueo.
Tras las capturas, la Fiscalía compulsó copias para investigar la eventual responsabilidad de siete gobernadores y exgobernadores: Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador del Vichada; Ferney López Martínez, gobernador del Guaviare; y los exgobernadores Rafael Alejandro Martínez (Magdalena) y Álvaro León Flores (Vichada). Todos, según la Fiscalía, habrían tenido vinculación con el entramado operado a través del Fondo Sierra Nevada.
Entre los ya detenidos figura Ramiro González, alcalde de María La Baja (Bolívar), contador público con especialización en Gestión Tributaria, exgestor de la DIAN en 2009 y 2010, y contratista de la Gobernación de Bolívar entre 2016 y 2022. También hay un exalcalde del municipio de La Paz (Cesar), un contratista, exrepresentantes legales, exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del propio Fondo Mixto.
Los delitos que el ente acusador imputará a los implicados incluyen concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que revelan estas capturas no es una anomalía aislada sino la lógica de un sistema: dinero de los contribuyentes y de las regiones más pobres del país, canalizado a través de una entidad de apariencia técnica, vaciado mediante un manual diseñado para engañar a los propios controles del Estado. Los sectores afectados —agua potable, salud, vivienda rural, educación— son precisamente aquellos donde la ausencia del Estado se siente con mayor crudeza en los departamentos periféricos de Colombia.
El caso pone en evidencia un principio que Hemisferio ha sostenido con insistencia: la corrupción en el gasto público no es un accidente de gestión, es el resultado predecible de estructuras que concentran recursos sin competencia, sin transparencia y sin consecuencias reales para quienes las operan. Mientras el aparato estatal crezca sin rendición de cuentas efectiva, el manual de Sierra Nevada tendrá imitadores. La pregunta que Colombia debe responder no es solo quién robó, sino qué arquitectura institucional lo hizo posible.
