La escena lo dice todo. Un día después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le enviara un mensaje formal al presidente electo Abelardo de la Espriella pidiendo reactivar las operaciones aéreas ofensivas, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) bombardearon posiciones estratégicas del Clan del Golfo en la zona rural del municipio de Amalfi.
El operativo, liderado en tierra por unidades adscritas a la Séptima División del Ejército, apuntó directamente contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, facción que opera bajo las órdenes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. Al momento del reporte, al menos dos presuntos integrantes de la organización armada habían muerto y las tropas continuaban desplegadas en el área para consolidar el terreno.
Los organismos de inteligencia identifican a esa subestructura como una de las principales generadoras de violencia en la subregión. A su cuenta se le atribuyen hostigamientos contra la Fuerza Pública, extorsiones a comerciantes y homicidios selectivos. Además, la organización ha generado zozobra constante en municipios vecinos como Segovia y Vegachí mediante amenazas e intimidaciones periódicas. Según la Fuerza Pública, el objetivo del Clan del Golfo en ese sector es dominar los corredores geográficos estratégicos que facilitan el tráfico de droga, la minería ilegal y la movilización de material armamentístico.
La coordinación entre el pedido del gobernador y la respuesta operativa no pasó inadvertida. Rendón había instado al presidente electo a «extender la estrategia que plantea el Presidente @ABDELAESPRIELLA de la creación de Unidades Operacionales Territoriales para la Seguridad, con enfoque en la ruralidad de los departamentos más afectados por las finanzas ilegales», e integrar capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía con fiscales especializados destacados. Cerró su comunicado señalando que «nuestro Departamento está listo para sumar esfuerzos y construir, junto al Gobierno Nacional, una respuesta integral para proteger a todos los Antioqueños».
El bombardeo en Amalfi no fue el único movimiento de la jornada. En la vereda El Tapón, zona rural de Yolombó, en el nordeste antioqueño, tropas de la Brigada 14 del Ejército, con apoyo de la Brigada Contra la Minería Ilegal, intervinieron 13 unidades de explotación minera ilegal a cielo abierto. Durante la operación, los militares inutilizaron dos excavadoras, una máquina clasificadora, 11 dragas tipo buzo, un motor industrial y cerca de 850 galones de combustible. Según el Ejército, ese complejo minero estaría al servicio de las finanzas ilícitas del Clan del Golfo, y el operativo busca debilitar las fuentes de financiación de esa estructura armada y reducir el impacto ambiental de la extracción ilegal.
Los detalles cuentan la historia. La maquinaria destruida en Yolombó y los muertos en Amalfi son dos caras del mismo fenómeno: una organización criminal que financia su poder de fuego con minerales extraídos ilegalmente y cobra peaje sobre cada corredor del nordeste antioqueño.
Para Hemisferio, el significado de esta jornada va más allá del parte de bajas. Lo que se vio en Antioquia es la diferencia entre un Estado que negocia con el crimen organizado y uno que lo enfrenta. El gobernador Rendón pidió operaciones ofensivas; las obtuvo al día siguiente. Esa cadena —demanda civil, respuesta militar, golpe a las finanzas ilegales— es exactamente el modelo que el presidente electo De la Espriella ha prometido escalar con sus Unidades Operacionales Territoriales. Si la señal se sostiene, los contribuyentes colombianos, que han pagado durante décadas el costo de la permisividad estatal, podrían ver por fin un retorno sobre esa inversión forzada: seguridad real en la ruralidad.
