La escena lo dice todo. Un sábado por la mañana, en zona rural de Guamal, Meta, unidades del Gaula Militar, inteligencia del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía cerraron el cerco sobre uno de los hombres más buscados de los Comandos de Frontera.
El detenido es Héctor Orlando Bastidas Bravo, conocido como alias «Boni» o «Bonito», señalado por las autoridades como el segundo cabecilla de esa estructura vinculada a la Segunda Marquetalia. La operación recibió el nombre de «Abraham».
El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la captura en las horas siguientes y no escatimó en calificativos. «Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos», afirmó el mandatario. Agregó que «a los delincuentes se les acabó la impunidad» y que «la autoridad del Estado se respeta».
Los detalles cuentan la historia. Según información de inteligencia militar, Bastidas Bravo tendría cerca de 20 años de trayectoria en organizaciones armadas y habría desarrollado buena parte de su actividad criminal en Putumayo. Las autoridades también lo ubican con influencia en sectores de Caquetá, Huila y zonas de Ecuador, donde presuntamente habría participado en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones y control de economías ilícitas.
El historial que le atribuyen los organismos de seguridad es extenso. Según las autoridades, alias «Bonito» habría ejercido control sobre economías ilegales y corredores de movilidad en municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Algeciras. Entre los hechos que se le imputan figura el asesinato, ocurrido en 2013, de la gerente del Banco Agrario en Valle del Guamuez, Putumayo. Las autoridades también lo relacionan con el asesinato de un gobernador indígena del Cabildo Nasa, ocurrido en diciembre de 2023 en Puerto Asís, y con el incendio de un vehículo de transporte público en San Vicente del Caguán en marzo de 2024.
La Fiscalía General de la Nación tiene previsto adelantar en las próximas horas la imputación de varios delitos contra Bastidas Bravo. Entre los cargos que enfrentaría están concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, homicidio en grado de tentativa, y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La captura se produce en un momento en que el Gobierno de De la Espriella anunció una política de mayor ofensiva contra las estructuras armadas y las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Para las autoridades, el operativo representa un golpe a las redes de narcotráfico, violencia selectiva y control de economías ilícitas atribuidas a los Comandos de Frontera.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La detención de quien ocupaba el segundo nivel de mando en los Comandos de Frontera no es un hecho menor: desmantela un nodo de coordinación que, según la inteligencia militar, articulaba corredores ilegales desde el Putumayo hasta la frontera con Ecuador. Es, en términos concretos, el tipo de resultado que solo produce una política de seguridad sostenida, con orden judicial, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional.
Hemisferio subraya lo que el operativo «Abraham» pone sobre la mesa: cuando el Estado colombiano actúa con la lógica del Estado de derecho —orden judicial, Fiscalía, Fuerzas Militares— los resultados llegan. El desafío del Gobierno De la Espriella es convertir este golpe en doctrina permanente, no en episodio aislado. Las comunidades de Caquetá, Huila y Putumayo, que han pagado con sangre el costo del control armado ilegal, merecen que la autoridad del Estado no sea una frase presidencial sino una presencia cotidiana.
