La escena lo dice todo. El próximo 8 de agosto, Abelardo de la Espriella no hará el anuncio desde el Palacio de Nariño ni desde ninguna sala de prensa en Bogotá. Viajará hasta la Alta Guajira, precisamente el lugar donde el gobierno saliente de Gustavo Petro consolidó uno de los casos más emblemáticos de su modelo de Entidades Territoriales Indígenas. El gesto es calculado: desmontar la pieza donde fue construida.
Según informó en primicia El Colombiano, uno de los primeros actos del gobierno entrante será derogar todas las Entidades Territoriales Indígenas —ETI— creadas durante la administración Petro. En términos prácticos, estas figuras son territorios con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y asumir competencias en áreas como salud y educación dentro de territorios indígenas, operando con una intervención mínima del Estado central.
El sustento jurídico del que se valió el gobierno saliente fue el Decreto 482 de 2025, emitido por el Ministerio del Interior. Con ese instrumento, el Ejecutivo argumentó que estaba «llenando el vacío» dejado por el Congreso al no reglamentar las ETI previstas desde la Constitución de 1991. Ese decreto abrió la puerta para legalizar entre 16 y 18 nuevas entidades. Sumadas a las ya existentes, las 22 ETI abarcan cerca de 17 millones de hectáreas —alrededor del 15 % del territorio nacional— y cuentan con presupuesto propio, según denunció el senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez.
Desde el equipo de transición de De la Espriella, la lectura es categórica: el proceso excedió las competencias del Ejecutivo. Gómez, quien anticipó a El Colombiano este hallazgo durante la transición, fue más lejos en su diagnóstico. «Hay una feria de adjudicación de personerías orientada a avanzar de manera significativa la agenda subversiva en muchos departamentos del país», afirmó el senador electo, quien añadió que el equipo evalúa «las acciones penales y disciplinarias correspondientes» y que el proceso «no solamente consideramos inconstitucional, sino también abusivo».
Los detalles cuentan la historia. La elección de la Alta Guajira como escenario del anuncio no es un detalle menor de protocolo. Es un mensaje político dirigido tanto a las comunidades de la región como al aparato estatal que Petro construyó en sus últimas semanas de gobierno. El nuevo presidente elige el territorio más visible del modelo que pretende desmantelar para hacer el primer corte.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La proliferación de ETI en el tramo final del mandato Petro encendió alarmas en sectores jurídicos y políticos que cuestionaban si un decreto ministerial podía suplir una reglamentación que el Congreso —el órgano constitucionalmente habilitado— nunca aprobó. La Constitución de 1991 previó las ETI, pero su desarrollo normativo quedó pendiente durante más de tres décadas. Usar ese vacío como ventana para crear 22 entidades con control territorial y presupuesto propio sobre el 15 % del país es, según los críticos, una lectura forzada de las atribuciones del Ejecutivo.
Hemisferio considera que lo que está en juego aquí va más allá de una disputa jurídica sobre competencias. Cuando el aparato estatal crea, por decreto y en sus días finales, entidades con gobierno propio, recursos públicos autónomos y control sobre extensiones equivalentes a países enteros, la pregunta que debe hacerse cualquier ciudadano no es ideológica: es quién rinde cuentas y ante quién. La fragmentación del territorio nacional en unidades con presupuesto propio y competencias soberanas —sin pasar por el Congreso— es exactamente el tipo de ingeniería institucional que erosiona el estado de derecho y complica cualquier política de inversión, seguridad y provisión de servicios para todos los colombianos, incluidas las comunidades indígenas que estas figuras dicen proteger. El primer acto de De la Espriella en la Guajira será, en ese sentido, también una declaración sobre qué clase de Estado quiere gobernar.
