La cifra llegó sin anuncio oficial, sin conferencia matutina, sin bandera tricolor de fondo. Fue un banco suizo, UBS Global Research, el que este jueves puso sobre la mesa un dato que reordena la jerarquía industrial de México: las exportaciones tecnológicas crecieron 148% en el último año y superaron los 163 mil millones de dólares en 12 meses, rebasando así al conjunto de las exportaciones de transporte, la industria que durante décadas fue la locomotora del país.
La escena lo dice todo: mientras el gobierno mexicano concentra su discurso en la soberanía industrial y el nearshoring como conquista propia, es la inversión estadounidense en inteligencia artificial —y el papel de México como ensamblador de tarjetas de cómputo y servidores— lo que explica el salto, según el informe.
El reporte de UBS analiza si esta tecnología puede sustituir al automóvil como nuevo motor de crecimiento. La respuesta es matizada: el giro exportador es significativo, pero no se traduce con la misma fuerza en producción, empleo ni valor agregado nacional. Los detalles cuentan la historia con más precisión que cualquier discurso.
En la balanza comercial, el saldo tecnológico registró un superávit superior a 20 mil millones de dólares en el último año y medio. El automotor sigue generando un superávit mucho mayor, aunque se ha deteriorado, golpeado también por las presiones arancelarias que Estados Unidos mantiene sobre el acero y el aluminio.
El contraste se agudiza al mirar la actividad interna. La producción de computadoras y aparatos electrónicos avanzó apenas 1.2% en los últimos 12 meses, pese al crecimiento exportador. En una medición trimestral anualizada, UBS observa una mejora cercana al 16%, pero la califica de «modesta» frente al desempeño externo. El empleo del sector aumentó en el último año y medio, aunque no lo suficiente para compensar las pérdidas de la industria automotriz.
La explicación que ofrece UBS es la que debería incomodar a cualquier gobierno que se atribuya méritos industriales: más del 95% de los insumos utilizados por computadoras y aparatos electrónicos proviene del exterior, frente a alrededor de 71% en el sector automotriz. México, en buena medida, sigue funcionando como reensamblador de componentes importados para exportación, no como generador de valor propio.
Aun con esa salvedad, el impacto macroeconómico no es menor. UBS estima que la mejora de unos 23 mil millones de dólares en la balanza tecnológica durante 18 meses equivale al 0.7% del PIB en términos anualizados, y a cerca de 0.6 puntos porcentuales tras corregir el efecto de los precios de importación y exportación. Eso implicaría que la tecnología reportó más de la mitad del crecimiento económico reportado por México en el último año.
Hay otro dato que sitúa a México en el mapa competitivo real: el país fue segundo, solo detrás de Taiwán, en ganancia de participación dentro de las importaciones estadounidenses de computadoras y aparatos electrónicos. Pero UBS es claro en su advertencia: ese avance responde más al cambio en la demanda de Estados Unidos que a una mejora de competitividad mexicana. El giro no lo produjo una política industrial diseñada en Palacio Nacional; lo produjo el mercado, y específicamente la decisión de empresas estadounidenses de reubicar ensamblaje.
Para entender el presente hay que volver a esa lógica simple: capital privado, extranjero en su mayoría, decidió que México era un lugar rentable para ensamblar servidores y tarjetas de cómputo. Ningún decreto lo ordenó. El reto, concluye la firma suiza, será elevar el valor agregado doméstico para convertir ese auge exportador en un motor de crecimiento más amplio y no solo en una escala más de manufactura ajena.
El desenlace de esta historia todavía no está escrito. México tiene hoy la oportunidad de capitalizar la relocalización de cadenas de valor impulsada por la demanda estadounidense de inteligencia artificial, pero el propio informe advierte que sin inversión en capacidades locales —insumos, componentes, ingeniería— el país seguirá cobrando por el ensamblaje y no por la innovación. Esa es la diferencia entre ser sede de fábricas y ser dueño de la cadena de valor.
El contraste con la industria automotriz, deteriorada por los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio, debería ser una lección incómoda para cualquier gobierno tentado a intervenir mercados o levantar barreras: la apertura comercial y la certidumbre jurídica, no el discurso nacionalista, son las que atraen el capital que hoy sostiene más de la mitad del crecimiento económico del país. El desafío no es retórico, es de política pública: bajar impuestos a la inversión productiva, garantizar reglas estables y dejar que la iniciativa privada —mexicana o extranjera— haga el resto.
