La escena lo dice todo.
En su última rueda de prensa como presidente, Gustavo Petro eligió a Carlos Oñoro para pararse frente a las cámaras y explicar, con gráficas en mano, lo que el mandatario describía como un patrón irregular en la votación. Era la pieza central de la teoría del fraude electoral que Petro intentaba instalar en la opinión pública antes de abandonar el poder.
Lo que ocurrió a continuación fue, en buena medida, lo opuesto a lo planeado.
Mientras Oñoro desplegaba sus argumentos ante los periodistas, en la red social X los usuarios ya habían comenzado otra investigación paralela: quién era, exactamente, ese hombre. La respuesta que circuló con rapidez no era la de un especialista en sistemas electorales ni en auditoría de datos. Según lo que se difundió en redes sociales, Oñoro es un gestor cultural, no un técnico en materia electoral.
Las críticas no tardaron en concentrarse tanto en su trayectoria como en los argumentos que expuso. Los detalles cuentan la historia: en el momento en que Petro necesitaba credibilidad técnica para sostener una acusación de fraude, el hombre que eligió para darle sustento fue cuestionado desde el primer minuto por su perfil profesional.
La Registraduría Nacional del Estado Civil no esperó. Según reportó El Colombiano, el organismo electoral procedió a desmontar, uno por uno, los señalamientos presentados durante esa rueda de prensa. La institución encargada de administrar los comicios salió a refutar públicamente las afirmaciones del presidente saliente y de su acompañante de estrado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El episodio no ocurrió en el vacío: se inscribe en el patrón de los últimos meses del gobierno Petro, marcados por una sucesión de figuras que, según sus críticos, llegaron a posiciones de visibilidad sin el respaldo técnico que esas posiciones exigían. La larga lista de personajes que, como señala la fuente, «terminaron robándose el show» —a veces por una frase, otras por una salida en falso— encontró en Oñoro su capítulo de cierre.
El momento tiene una lectura política clara. Petro escogió su última aparición pública como presidente para lanzar una acusación de fraude electoral, una de las más graves que puede formular un jefe de Estado saliente en una democracia. La elección del mensajero, sin embargo, diluyó el mensaje antes de que este pudiera consolidarse. Las redes sociales, que durante cuatro años fueron un aliado estratégico del petrismo para instalar narrativas, operaron esta vez en sentido inverso.
La Registraduría, por su parte, respondió con la autoridad institucional que le corresponde: no con silencio, sino con una refutación punto por punto.
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Lo que quedó de esa rueda de prensa no fue la denuncia de fraude, sino la imagen de un gobierno que, en su recta final, recurrió a un gestor cultural para sostener una acusación que requería pericia técnica. El aparato estatal petrista, que durante su mandato expandió su presencia en casi todos los rincones de la vida pública colombiana, cerró el ciclo con una escena que sus propios aliados encontraron difícil de defender.
Para Hemisferio, el episodio ilustra algo más profundo que una mala elección de vocero: revela la lógica de un gobierno que privilegió la lealtad política sobre la competencia técnica, y que en su momento más crítico —cuando necesitaba convencer, no solo movilizar— no tenía las herramientas para hacerlo. Colombia merece instituciones electorales fuertes y debates sobre integridad del voto sostenidos con evidencia rigurosa. Lo que ofreció Petro en su despedida fue lo contrario.
