La escena lo dice todo. En La Mañanera del jueves 6 de agosto, especialistas de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo tomaron el micrófono para exponer un diagnóstico que el oficialismo ha esquivado durante años: México depende del exterior para tres de cada cuatro metros cúbicos de gas natural que consume.
El número de partida es contundente. Según el informe de la Comisión de Gas No Convencional, el consumo nacional de gas natural en 2025 asciende a 9,100 millones de pies cúbicos diarios, y se proyecta que llegará a 10,800 millones para 2030. El 75% de ese volumen se importa, y el 93% de esas importaciones proviene de yacimientos no convencionales en Estados Unidos — es decir, del fracking que México ha prohibido practicar en su propio territorio. En 2010, la dependencia era del 21%. El salto es de más de cincuenta puntos en tres lustros.
La doctora Alma América Porres Luna, geofísica egresada de la UNAM con doctorado en la Universidad de Bordeaux, presentó la radiografía del consumo: el 58% del gas se destina a generación eléctrica, el 19% al autoconsumo de Pemex, el 12% a la industria y el 11% a hogares y comercios. El dato que resume la fragilidad del sistema: el 70% de la electricidad en México se genera con gas natural. Cortar o encarecer ese flujo no es un problema energético abstracto; es una amenaza directa a la industria, a las tarifas y a los empleos.
El comité científico propone cuatro líneas de acción. La primera pasa por la eficiencia: programas en industria, grandes consumidores y edificios públicos que, junto con la actualización de normas para electrodomésticos y maquinaria, podrían recortar hasta 500 millones de pies cúbicos diarios de consumo para 2030. La segunda apunta a las renovables: el informe proyecta que la generación eléctrica limpia podría escalar del 24% actual al 38% para 2030, sumando hasta 22,000 megawatts de nueva capacidad. La tercera exige que Pemex concentre esfuerzos en yacimientos convencionales y elimine la quema de gas en campos petroleros; las zonas con mayor potencial son Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y las cuencas del sureste, donde la producción nacional podría alcanzar hasta 4,700 millones de pies cúbicos diarios.
La cuarta línea es la más delicada políticamente: los yacimientos no convencionales. La investigadora Ana Paulina Gómora Figueroa, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cifró el potencial prospectivo de gas no convencional en México en 141.5 millones de millones de pies cúbicos, distribuidos en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla. El informe recomienda prohibir la explotación en Tampico-Misantla por densidad poblacional, presencia indígena y valor ambiental, pero mantiene viabilidad para estudios adicionales en Burgos y Sabinas-Burro Picachos, sujeta a condiciones estrictas.
Entre esas condiciones, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, José Antonio Hernández Espriú, enumeró requisitos no negociables: consulta previa e informada a comunidades locales; uso exclusivo de agua salada extraída de profundidades superiores a 1,000 metros, sin tocar fuentes aptas para consumo humano o agricultura; reciclaje de al menos el 75% del agua empleada; circuitos cerrados para almacenamiento y tratamiento del agua de retorno; y monitoreo científico externo e independiente de calidad del agua, actividad sísmica y ecosistemas, con información pública y abierta. El propio informe advierte que, aun implementando todas las medidas de eficiencia y renovables, México no alcanzará autosuficiencia en gas natural.
Organizaciones ambientales respondieron de inmediato con un argumento categórico: según sus voceros, «el fracking sustentable no existe».
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Los detalles cuentan la historia. Durante años, el aparato estatal mexicano trató la dependencia energética como un dato incómodo a minimizar, no como una vulnerabilidad estructural a corregir. El resultado está en las cifras del propio comité gubernamental: de importar el 21% del gas en 2010 a importar el 75% en 2025, mientras Pemex quemaba gas en sus campos y el país prohibía explorar los recursos que yacen bajo su subsuelo.
Para Hemisferio, el informe confirma lo que la libre empresa lleva años señalando: la soberanía energética no se decreta con nacionalismos retóricos; se construye con inversión, reglas claras y disposición a explotar los recursos propios bajo estándares técnicos rigurosos. Que el comité científico haya llegado a esa conclusión desde las propias instituciones del Estado es, en sí mismo, el giro más significativo de la semana.
