La escena lo dice todo: un conductor en Lima consulta la plataforma Facilito en su teléfono antes de decidir en qué grifo cargar combustible. La diferencia entre el precio más alto y el más bajo puede superar los cuatro soles por galón en gasolinas regulares, y casi cinco en diésel. No es magia del mercado ni casualidad: es el resultado de una cadena de decisiones —algunas del sector privado, muchas del Estado— que el conductor paga en silencio cada vez que llena el tanque.
Según los datos publicados este martes 21 de julio por la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Gasohol Regular cotizó entre 16.79 y 21.49 soles el galón en Lima. El Gasohol Premium se ubicó entre 17.59 y 23.99 soles, mientras que el Diesel B5 S-50 UV registró un rango de 20.4 a 24.99 soles por galón. Los precios son reportados directamente por los operadores de las estaciones de servicio a través de la plataforma virtual del organismo.
Facilito no es solo un comparador de precios: es la ventana pública de un mercado que, sin esa herramienta, operaría con una opacidad casi total para el consumidor. La plataforma, disponible en línea y como aplicación móvil para iOS y Android, también registra precios de gas natural vehicular y GLP, tanto automotor como envasado.
La mano del fisco en cada galón
La fuente es clara sobre los factores que construyen el precio final. El primero es el costo internacional del petróleo crudo, volátil por definición y ajeno a cualquier política doméstica. Pero el segundo factor es enteramente nacional: los impuestos y aranceles que aplica el gobierno peruano.
Entre esos gravámenes destacan el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), específico para combustibles, y el Impuesto General a las Ventas (IGV), el equivalente al IVA. Ambos pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que significa que el precio que paga el conductor no refleja solo el mercado energético global, sino también las decisiones fiscales de turno en Lima. El tercer componente son los costos de transporte y distribución, que varían según la geografía de un país extenso y con infraestructura desigual. El cuarto, y el más visible para el consumidor, es el margen de ganancia de cada estación, que depende de la competencia local, los costos operativos y la política comercial de cada operador.
La brecha de precios como termómetro de mercado
La amplitud del rango —hasta 7.50 soles entre el mínimo y el máximo del Gasohol Premium— es, en sí misma, una señal de que el mercado de combustibles en Lima no es monolítico. Donde hay competencia real, el precio cede; donde hay concentración o distancia, sube. Facilito hace ese arbitraje visible y le devuelve al consumidor una herramienta de decisión que, sin regulación de transparencia, simplemente no existiría.
Para entender el presente hay que volver a esa lógica: la plataforma no fija precios ni interviene en el mercado; solo obliga a publicarlos. Es, paradójicamente, uno de los instrumentos regulatorios más compatibles con la libre empresa: más información, más competencia, menos renta cautiva para el operador que confía en la ignorancia del cliente.
Lo que el surtidor no dice
Los detalles cuentan la historia. Cada galón de gasolina en Lima lleva incorporada una decisión fiscal del Estado peruano que el conductor no negoció y que ningún comparador de precios puede eliminar. En un contexto donde el gobierno aplica tanto ISC como IGV sobre combustibles, la carga tributaria no es marginal: es estructural.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la pregunta pertinente no es si el Estado debe supervisar el mercado de combustibles —la transparencia de Facilito es un activo real—, sino cuánto del precio final es mercado y cuánto es fisco. Mientras el ISC y el IGV permanezcan sin revisión en un país donde el transporte privado es, para millones de peruanos, la única opción de movilidad, el «precio de la gasolina» seguirá siendo, en buena parte, el precio de un Estado que cobra antes de que el motor arranque.
