La escena lo dice todo. Un funcionario de la capital mexicana, de pie frente a vecinos de Iztacalco que llegaron a entregar armas a cambio de dinero, apuntó el dedo hacia el norte: no hacia los cárteles que jalan el gatillo, sino hacia el país que, según él, fabrica y envía las armas.
César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pronunció el viernes una declaración que resume con nitidez la postura del oficialismo capitalino ante la violencia armada. «¿Quién arma a los cárteles de la droga mexicanos? Ellos», dijo, en referencia a Estados Unidos. «Las armas no se producen en México, se traen desde Estados Unidos», añadió, para luego demandar que Washington «pare primero la producción, segundo la distribución» del armamento que cruza la frontera.
El evento se realizó en la Parroquia de la Santa Cruz, en la alcaldía Iztacalco, en el marco del programa «Sí al Desarme, Sí a la Paz», una iniciativa que opera de manera conjunta entre el gobierno capitalino, el Ejército Mexicano y la Iglesia Católica. La mecánica es sencilla: los ciudadanos entregan armas —o juguetes bélicos— y reciben dinero a cambio, sin que se les pregunte cómo llegó el arma a sus hogares.
Los detalles cuentan la historia. Desde el inicio de la administración actual, el programa reporta haber destruido casi dos mil armas intercambiadas. El desglose incluye 378 armas largas, 124 granadas, más de 73 mil cápsulas detonantes y 122 mil cartuchos. El costo total ejercido asciende a casi 10 millones de pesos, según informó el propio Cravioto.
«Que los Estados Unidos no solo nos señalen, sino que contribuyan a esta paz», cerró el secretario, en un mensaje que busca invertir la carga de la responsabilidad en el debate bilateral sobre seguridad.
El contexto importa. La exigencia de Cravioto llega en un momento en que la relación México-Estados Unidos atraviesa una tensión sostenida en materia de seguridad: Washington ha incrementado la presión sobre Ciudad de México para que actúe con mayor contundencia contra las organizaciones criminales, mientras el gobierno federal mexicano ha respondido con narrativas que subrayan el tráfico de armas y el consumo de drogas en el lado estadounidense como causas estructurales del problema.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El programa de desarme capitalino no es nuevo, pero el tono del funcionario sí marca un escalón: ya no se trata de pedir cooperación bilateral, sino de señalar a Estados Unidos como agente activo del problema, en un evento de barrio, ante cámaras, con el Ejército como telón de fondo.
La lectura de Hemisferio es esta: el argumento de Cravioto tiene una base parcial —el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México es un fenómeno documentado— pero funciona, sobre todo, como escudo retórico. Desplazar el foco hacia la industria armamentística estadounidense permite al oficialismo capitalino eludir la pregunta más incómoda: por qué, con años de programas de desarme y casi 10 millones de pesos en gasto público, la violencia en colonias como las de Iztacalco no cede de manera estructural. Destruir 378 armas largas es una cifra; el número de armas en manos del crimen organizado en la ciudad es otra conversación. El dinero del contribuyente financia la ceremonia; el aparato estatal, en cambio, no ofrece una respuesta sobre cuántas armas siguen circulando ni a qué tasa. Señalar a Washington es más sencillo que responder esa pregunta.
