En un acto partidario en el distrito de San Luis, Rafael López Aliaga volvió a lanzar la comparación que más incomoda en Palacio: dijo que la presidenta Keiko Fujimori lleva «un mes sin hacer absolutamente nada» frente a la inseguridad y que «hasta Dina Boluarte sacaba decretos de urgencia a cada rato» durante su gestión de 2023 a 2025.
La escena lo dice todo: el líder de Renovación Popular, que meses atrás respaldó la candidatura de Fujimori y hoy dice lamentarlo, eligió un escenario de militantes para marcar distancia pública con el Gobierno. No fue la primera vez. El mes pasado ya había calificado a la mandataria como «un remedo de Boluarte».
El detonante inmediato fue otro: el senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi cuestionó la propuesta de la Municipalidad de Lima de crear una Guardia Metropolitana armada. López Aliaga respondió con dureza: «El señor Rospigliosi tiene la ostra de criticar cuando no hacen nada». Y respaldó a su sucesor en la alcaldía, Renzo Reggiardo, después de que la Sucamec autorizara a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) a usar armas de fuego en sus servicios de seguridad.
Según López Aliaga, cinco ingenieros municipales fueron asesinados en los últimos años por el cobro de cupos, motivo por el cual defendió que Reggiardo cuente con licencia de arma «para que el ingeniero se defienda». «Estos terroristas urbanos se han volado a cinco ingenieros de la Municipalidad de Lima (...) Acá ni hacen ni dejan hacer. Entonces, déjennos trabajar, pues», sostuvo.
El excalcalde adelantó además que, si recupera el sillón municipal en las elecciones de octubre, destinará 100 millones de soles a seguridad ciudadana. «Plata sí hay, pues. Ahora la municipalidad sí tiene plata, no está quebrada», dijo, en un mensaje dirigido tanto al electorado como al Gobierno central.
López Aliaga también apuntó al frente energético: pidió que el Ejecutivo frene «en seco» el respaldo financiero a Petroperú y redirija esos 2.000 millones de dólares —autorizados por su antecesor, José María Balcázar— hacia la lucha contra el crimen organizado.
La respuesta oficial llegó por boca del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien rechazó que el Gobierno permanezca inactivo frente a la inseguridad. «Su opinión no corresponde a la realidad, porque considera que no se hace lo que ellos creen que se puede hacer», respondió Galarreta, sin negar en ningún momento que aún no se hayan emitido decretos de urgencia en materia de seguridad durante este primer mes de gestión.
Los detalles cuentan la historia: la crítica no viene de la izquierda ni del petrismo regional, sino de un excalcalde que meses atrás fue aliado electoral y que hoy compite por regresar al Palacio de Gobierno municipal en octubre. Es fuego amigo, no oposición ideológica.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de campaña municipal: López Aliaga necesita distinguirse de Fuerza Popular ante su propio electorado limeño, y la seguridad ciudadana —el tema que más pesa en las encuestas peruanas— es su terreno preferido de batalla. La comparación con Boluarte, la figura más impopular de la política reciente del país, busca golpear donde más duele a cualquier gobierno: en la percepción de que no actúa.
Eso no exime al oficialismo de la pregunta de fondo. Un mes sin decretos de urgencia en seguridad es, en efecto, un dato verificable y no una opinión, y el propio premier no lo desmintió; solo argumentó que la gestión avanza por otras vías. Para un país que en 2023 vivió el ciclo de decretos de emergencia de Boluarte sin que la violencia cediera, la disyuntiva real no es entre gobernar por decreto o no gobernar, sino entre el orden efectivo —el que exige inversión, autoridad policial y reglas claras de propiedad y protección para quienes trabajan, como los ingenieros municipales amenazados por el cobro de cupos— y la mera puesta en escena.
El desenlace de esta disputa se decidirá menos en los estudios de televisión que en las urnas de octubre y en la calle: si Lima percibe más seguridad, la crítica de López Aliaga se disolverá; si no, el reclamo de decretos de urgencia seguirá golpeando a un Gobierno que llegó al poder prometiendo justamente romper con la herencia de inacción de Boluarte.
