La escena lo dice todo. A las 15 horas del miércoles, el Senado de Chile comenzaría a votar artículo por artículo el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del presidente José Antonio Kast. Afuera, un temporal se aproximaba a la zona central. Adentro, los números todavía no cuadraban del todo.
El gobierno cuenta con al menos 26 votos en la Cámara Alta, un piso que en teoría alcanza. Pero en legislación, los pisos teóricos tienen grietas. La más visible lleva el nombre de Matías Walker, senador independiente asociado al Comité Evópoli, quien forma parte de ese bloque de 26 y, sin embargo, mantiene reservas públicas sobre uno de los artículos clave: la compensación del Fondo Común Municipal.
La disputa técnica no es menor. El proyecto propone fijar esa compensación mediante la Ley de Rentas Municipales en 1.500.000 UTM anuales, en lugar de mantenerla en la Ley de Presupuestos. Walker exige que el Ejecutivo garantice mediante indicaciones concretas que los recursos de los municipios no se verán afectados. «De lo contrario», advirtió, «el ejecutivo deberá patrocinar mi indicación de que las viviendas con avalúo fiscal superior a las 15 mil UF queden afectas». La amenaza es quirúrgica: si Walker mueve a otros senadores de derecha hacia esa misma presión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tendría que negociar en caliente durante la misma sesión.
El problema no termina en el Senado. Si la iniciativa supera esa valla, el tercer trámite recae en la Cámara de Diputados, donde solo se votan las modificaciones introducidas por el Senado. Aquí la aritmética se complica de otra manera: La Moneda calcula un piso hipotético de 76 votos aliados, pero necesita al menos dos diputados del Partido de la Gente (PDG) para blindarse contra cualquier sorpresa.
El PDG no ha dicho que no. Tampoco ha dicho que sí. Cristián Contreras, suspendido por su bancada pero aún con el membrete del partido, ya votó a favor del gobierno en un trámite anterior. Javier Olivares y Alex Nahuelquín también estarían inclinados a alinearse con el Ejecutivo, según la información disponible. Pero la bancada completa espera algo a cambio.
Lo que piden es concreto: que el gobierno acelere un proyecto que crea un mecanismo de devolución —vía Registro Social de Hogares— por gastos en pañales y medicamentos. La Moneda ya ingresó una iniciativa para responder a esa exigencia, pero hay un nudo técnico sobre cómo agilizar la devolución a través del bolsillo electrónico, y la iniciativa no tiene urgencia asignada. «La información disponible aún es bastante vaga como para tomar una postura final», dijo el diputado Patricio Briones. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, fue apenas más explícito: «Tenemos una conversación pendiente».
La diputada Zandra Parisi resumió la postura del PDG con la claridad de quien sabe que tiene poder de veto: «Seguimos confiando y esperando que el gobierno va a cumplir su promesa». La promesa, en este caso, es la devolución del IVA en medicamentos y pañales. «Es nuestro principal interés», remató.
El escenario que La Moneda quiere evitar a toda costa es la comisión mixta. Si la mayoría de diputados rechazara alguna de las modificaciones del Senado, el megaproyecto pasaría a una instancia de cinco diputados y cinco senadores, donde la oposición y el oficialismo quedarían empatados a cinco votos. Peor aún: esa comisión incluiría inevitablemente a la senadora Daniella Cicardini y al diputado Daniel Manouchehri, ambos del PS y ambos parte de la oposición más dura a la reforma.
La lectura de Hemisferio. Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley: es la capacidad del gobierno de Kast de convertir su agenda de reactivación económica en ley vigente antes de que el calendario político se lo impida. El ministro Quiroz ha «jineteado» —en la descripción del propio entorno parlamentario— una negociación compleja, y el resultado de este miércoles dirá si ese esfuerzo alcanzó. La presión del PDG, legítima en sus formas, ilustra la lógica de los pequeños partidos bisagra: su valor de mercado sube exactamente en el momento en que más se los necesita. El gobierno, que ha apostado por la libre empresa y la reactivación como eje, no puede darse el lujo de que su megaproyecto quede atrapado en una comisión mixta por no haber cerrado antes un acuerdo sobre pañales y medicamentos. Los detalles cuentan la historia.
