Para entender el presente hay que volver a esa semana. O, en este caso, a esa fecha repetida dos veces con ocho años de diferencia.
El 16 de julio de 1984, un bus interprovincial circulaba por la provincia de Sucre, en Ayacucho. En el camino lo interceptó un grupo de entre 30 y 40 senderistas disfrazados de militares. Lo que siguió fue sistemático y deliberado. En cada parada del recorrido, los atacantes bajaban a los pasajeros, los torturaban y los ejecutaban. Las víctimas eran en su mayoría campesinos y autoridades comunales. Al llegar al distrito de Soras, los perpetradores dejaron mensajes escritos con sangre. El saldo final: entre 109 y 117 personas asesinadas. La Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, investigó el caso. Desde 2013 se encuentra en proceso judicial. El expediente sigue abierto.
La historia lo registra como el «Expreso de la Muerte». El nombre lo dice todo.
Ocho años más tarde, la misma fecha volvió a marcar el calendario con sangre. El 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso detonó un coche bomba en la calle Tarata, en el distrito limeño de Miraflores. La explosión mató a 25 personas. Dejó más de 150 heridos. Destruyó viviendas, locales comerciales y vehículos en una zona residencial y turística de la capital. El atentado ocurrió en la etapa más violenta del conflicto interno. Cambió la percepción pública del terrorismo. Impulsó una respuesta más contundente del Estado. Ese caso también continúa en proceso judicial.
Los detalles cuentan la historia. La intervención de un vigilante, según la fuente, obligó a los terroristas a cambiar el objetivo inicial del ataque en Miraflores. Un dato menor que, en retrospectiva, habla de lo cerca que estuvo de ser peor.
La misma fecha guarda otras páginas. En 1880, durante la Guerra del Pacífico, guerrilleros peruanos tendieron una emboscada a una columna chilena en la Batalla de Palca, provincia de Tacna. Causaron bajas al enemigo. Recuperaron armamento. Fue una acción de alcance limitado, pero demostró que la resistencia organizada persistía pese a la ocupación de Tacna y Arica. En 1960 murió el pintor Gustavo Enrique Camino Brent, figura del indigenismo peruano, cuya obra integra colecciones en América y Europa.
En el plano internacional, el 16 de julio también acumula hitos de primer orden. En 1945, Estados Unidos realizó en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México, la primera explosión atómica de la historia: la prueba «Trinity», de 21 kilotones. Veinticuatro años después, en 1969, la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral la nave Apolo XI con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins a bordo. Cuatro días más tarde, Armstrong y Aldrin pisaron la Luna. En 1950, Uruguay venció a Brasil por 2 a 1 en el Maracaná y conquistó la Copa del Mundo. En 1951 se publicó la primera edición de El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. En 1995, Jeff Bezos abrió Amazon para vender libros por internet, sobre un proyecto iniciado un año antes bajo el nombre Cadabra. Y en 1999, John Kennedy Jr. murió al estrellarse la avioneta que pilotaba. También fallecieron su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada Lauren.
La escena lo dice todo. Una sola fecha en el calendario puede contener la primera bomba atómica, el primer paso en la Luna y la masacre de más de cien campesinos en un bus de los Andes. El contraste no es casual: es la condición humana comprimida en veinticuatro horas.
Para el Perú, el 16 de julio es ante todo una fecha de deuda pendiente. Dos masacres documentadas, dos procesos judiciales que llevan décadas sin cierre definitivo. El Estado tiene la obligación de responder no solo con sentencias, sino con memoria institucional que impida que el aparato terrorista vuelva a encontrar tierra fértil. Mientras los expedientes permanezcan abiertos, la herida también.
