La escena lo dice todo. Un domingo por la mañana, Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, se sentó frente a las cámaras de Noticias RCN y abrió un expediente incómodo para la Casa de Nariño. Lo que dijo activó, en cuestión de horas, una disputa pública entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente entrante, Abelardo de la Espriella.
Rodríguez denunció que le estaban desmontando su esquema de seguridad, que recibía presiones de las denominadas «bodegas digitales» del petrismo y que Juliana Guerrero «actuaba como ama y señora» manipulando cargos dentro del aparato estatal. Tres cargos graves, formulados en voz propia, ante una audiencia nacional.
De la Espriella respondió de inmediato en redes sociales. Le solicitó a la Fiscal General de la Nación, al Procurador y al Contralor General que escucharan lo que Rodríguez «tiene para contarle a la justicia». Y fue más lejos: instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director de la UNP designado, Didier Blanco, para que desde el primer día de su mandato garantizaran la protección física de la funcionaria. «La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos», escribió el presidente electo.
La respuesta de Petro fue de otro tenor. El jefe de Estado publicó en redes un documento interno — una comunicación entre el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Hacienda — en el que se notificaba una incapacidad médica por psiquiatría de Rodríguez. Con ese documento en mano, Petro sostuvo que la incapacidad «prueba» la condición de la directora y le solicitó al ministro de Hacienda declararla insubsistente «por incompetente». También calificó a Rodríguez de «gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio».
El presidente saliente fue más allá y cuestionó a la prensa que la entrevistó: «Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica», afirmó. Según Petro, el trasfondo del episodio es su decisión de destinar los recursos del Fondo de Adaptación al suministro de agua potable para enfrentar lo que describió como una megasequía en diciembre, y no, según sus palabras, para «coqueteos con paramilitares» o para «camionetas de seguridad para toda la familia».
Los detalles cuentan la historia. La decisión de Petro de publicar un documento médico interno de una funcionaria — para desacreditar sus declaraciones públicas — es, en sí misma, un dato que va más allá del debate político. Revela el método: cuando el aparato estatal no puede refutar los hechos denunciados, expone la condición personal del denunciante. Rodríguez, según la fuente, ya había salido de esa incapacidad al momento de la entrevista, lo que hace aún más llamativa la decisión de usarla como argumento.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El caso Rodríguez no es solo una disputa entre una funcionaria y su jefe político. Es el primer episodio de la transición en el que De la Espriella elige un terreno y planta bandera: el de la protección a quienes denuncian irregularidades dentro del Estado. Al invocar a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en un solo trino, el presidente electo trazó una línea de acción que contrasta con la respuesta del Ejecutivo saliente.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el episodio ilustra con precisión el costo de cuatro años de gestión donde la lealtad política pareció pesar más que la rendición de cuentas. Que una directora de entidad pública deba salir a un noticiero a denunciar presiones y pedir protección — en lugar de encontrar canales institucionales funcionales — dice más sobre el estado del aparato estatal que cualquier cifra presupuestal. De la Espriella tiene ahora la oportunidad, y la responsabilidad, de demostrar que su promesa de convertirse en «el principal enemigo de la corrupción» no es solo retórica de transición. El expediente Rodríguez será, en los próximos meses, uno de los primeros termómetros de esa promesa.
