La escena lo dice todo. Miles de aspirantes a la UNAM presentaron un examen de admisión administrado de forma remota, en plena era de la inteligencia artificial, con tiempo suficiente para copiar las preguntas. Los resultados inusuales —demasiados aciertos, demasiada uniformidad— apuntan, según el análisis del economista Manuel Molano en El Financiero, a que «los aspirantes hicieron trampa, o que de repente nos llenamos de genios». El procedimiento se diseñó mal, y todo indica que los resultados ya no podrán darse por válidos. Solo ingresarán al ciclo actual los estudiantes de las propias preparatorias del sistema UNAM.
El episodio desató, como suele ocurrir en México, una tormenta de voces dispuestas a patear al caballo muerto. Unos recordaron que la UNAM es nido de porros. Otros, que ahí se venden narcóticos. Los más entusiastas la cargaron con la responsabilidad de no haber mejorado la productividad del campo, no haber encontrado la cura del cáncer y no haber reparado las fallas institucionales de la democracia mexicana. El diagnóstico es cómodo, pero Molano lo desmonta con datos.
Lo que dicen los números
Según datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), China solicitó 1.6 millones de patentes en 2024, con un crecimiento del 9.3 por ciento respecto al año anterior. Estados Unidos solicitó 521.3 mil, con una caída del 3.5 por ciento. Alemania registró 133 mil solicitudes. La República de Corea, 414.6 mil. México, en ese mismo año, solicitó 1.74 miles de patentes, con un crecimiento del 9.9 por ciento anual. La tasa de crecimiento es alentadora; la escala, devastadora: los alemanes patentan casi cien veces más que México, y los chinos casi mil veces más.
Dentro de ese magro universo nacional, la UNAM no luce tan mal. Entre 2019 y 2024, la universidad registró 218 patentes y obtuvo 273, según el Boletín UNAM DGCS-700. Eso equivale a un promedio de casi 44 patentes por año. La Universidad de California —la institución que más patenta en Estados Unidos— registró 540 patentes en 2024, lo que representa el 0.1 por ciento del total estadounidense. La UNAM, en el mismo periodo, aportó el 2.5 por ciento de las patentes mexicanas. En proporción a la innovación total de su país, la universidad pública mexicana supera a la mejor universidad de Estados Unidos. El problema, entonces, no es la UNAM. El problema es el tamaño del mercado.
El incentivo perverso
Las patentes no nacen naturalmente en las universidades públicas. En las economías más innovadoras —Dinamarca en farmacéutica, por ejemplo— el sector privado es el principal motor del patentamiento. Pero en México, ese motor está bloqueado por un marco legal que desincentiva la revelación de innovaciones.
Según la Ley Federal del Trabajo, las innovaciones generadas en el lugar de trabajo son propiedad de la empresa, no del trabajador. Al empleado le corresponde «un pago adicional por ellas», sin mayor definición. El resultado es predecible: el trabajador no tiene incentivos para revelar la innovación; la empresa, una vez que la descubre, prefiere mantenerla como secreto industrial antes que exponerla al mercado mediante una patente. No hay spinoffs tecnológicos. No hay alianzas que conviertan el conocimiento en valor comercial. Hay cajas fuertes.
El círculo se cierra solo: sin derechos de propiedad intelectual bien definidos, no hay mercado de innovaciones. Sin mercado, no hay patentes. Sin patentes, no hay estadística que mejorar.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el escándalo del examen de admisión es, en el mejor de los casos, un síntoma. La trampa masiva habla de una cultura del atajo que prospera cuando las reglas son laxas o mal diseñadas —exactamente el mismo diagnóstico que aplica al régimen de propiedad intelectual del país. Cuando la ley no premia al innovador, la innovación se oculta o emigra.
México crece al 9.9 por ciento en solicitudes de patentes, pero parte de una base tan baja que el esfuerzo apenas se nota en el mapa global. La solución no pasa por exigirle más a una universidad pública que, dentro de su ecosistema, ya rinde por encima de su peso. Pasa por redefinir los derechos de propiedad para que el creador tenga razones reales de salir al mercado con su idea. Esa reforma no requiere más gasto público ni más burocracia; requiere precisamente lo contrario: reglas claras, incentivos privados y un Estado que deje de ser el único dueño del futuro.
