La escena lo dice todo: a última hora de la tarde del jueves, mientras Sergio Urribarri recibía en su casa de Concordia la notificación de que la Corte había rechazado su último recurso, los familiares comenzaron a llegar a la residencia para contenerlo. Ocho años de proceso judicial habían terminado. Y con ellos, la posibilidad de seguir eludiendo la cárcel.
El ex gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. El Tribunal de Juicio, integrado por José María Chemes, Carolina Castagno y Elvio Garzón, consideró probado que direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial hacia fines particulares. Dinero público, en otras palabras, puesto al servicio de intereses privados y de una carrera política.
Con la ratificación de la Corte este miércoles y las notificaciones cursadas el jueves por la tarde, la Fiscalía deberá ahora dar la orden a la Policía para el traslado. Fuentes de Tribunales indicaron a Infobae que la detención podría producirse entre este viernes y el martes. Hasta última hora del jueves, ni la Policía ni el Servicio Penitenciario habían recibido la notificación formal para preparar el operativo.
Hay tres alternativas sobre la mesa para el lugar de detención. La Unidad Penal 3 de Concordia, por el arraigo familiar de Urribarri. La Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, una colonia penitenciaria con régimen más laxo y mayores comodidades. Y la UP1 de Paraná, donde el ex mandatario ya pasó 50 días en 2024, tras agotarse las instancias provinciales de apelación, antes de que el Superior Tribunal de Justicia le otorgara la libertad mientras el caso se tramitaba en la Corte.
La pregunta que ahora se abre en la trastienda judicial es si Urribarri terminará efectivamente tras las rejas. El ex gobernador cumplirá 68 años el próximo 7 de octubre, por lo que no puede invocar la prisión domiciliaria por edad —el Código Penal exige 70 años, el beneficio que sí utilizó Cristina Fernández en la causa «Vialidad»—. Le queda, sin embargo, la vía de la salud: tiene hipertensión y problemas de corazón, y cuando fue detenido en 2024 debió viajar acompañado por un cardiólogo tras sufrir un pico de tensión al conocer la noticia. Ese antecedente podría ser esgrimido por su defensa.
La decisión, de todos modos, queda al arbitrio de la Justicia. En las cárceles de Entre Ríos hay internos con HIV-Sida a quienes no se les concede ese beneficio, bajo el criterio de que el Estado debe garantizar la salud de quienes tiene bajo custodia, no necesariamente liberarlos.
Los detalles cuentan la historia de un esquema que fue más allá de la publicidad oficial. Los jueces consideraron probado que Urribarri utilizó fondos y recursos estatales para promover su intención de sucederle a Cristina Fernández en la presidencia: el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015, una solicitada publicada en varios medios contra los fondos buitre, y la difusión de spots con él como protagonista durante la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014. También fue acusado por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa llamada Global Means, sin cumplir los requisitos formales.
El juicio concentró cinco denuncias promovidas por los abogados radicales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Una de ellas apuntó a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien según el fallo operó un esquema de testaferros y cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública, y que también fue condenado, a seis años y medio.
Cuando se conoció el fallo de primera instancia, Urribarri se desempeñaba como embajador argentino en Israel, un cargo que le había dado el kirchnerismo. El entonces presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia.
Para entender el presente hay que volver a esa cadena de decisiones: un gobernador que usó el aparato estatal y el dinero de los contribuyentes entrerrianos para financiar su propia proyección política, mientras construía, según la Justicia, un entramado familiar de testaferros para apropiarse de fondos públicos. Ocho años después de la sentencia y con todas las instancias de apelación agotadas, el desenlace parece, por fin, ineludible.
El caso Urribarri es también un test para el sistema judicial entrerriano y para la credibilidad de la Justicia frente a la corrupción del poder político provincial. Que un ex gobernador con condena firme finalmente enfrente la cárcel, más allá de las maniobras dilatorias que su defensa aún pueda intentar por razones de salud, envía una señal a una clase dirigente acostumbrada a que el paso del tiempo diluya las responsabilidades. La propiedad de los recursos públicos, y el principio de que estos no son patrimonio de quien gobierna, quedan, al menos por ahora, reivindicados por un tribunal.
