La escena lo dice todo. Un voluntario de rescate junto a una bandera venezolana sobre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado La Guaira. Es el 15 de julio de 2026, tres semanas después de que dos terremotos de magnitud 7 sacudieran el norte de Venezuela en menos de un minuto.
Los seismólogos llevaban décadas advirtiendo que el gran sismo llegaría. El 24 de junio llegó —dos veces. La región más densamente poblada del país encajó el golpe doble en el peor momento imaginable: con la mitad de su población en pobreza extrema, un sistema de salud en ruinas, una economía reducida a una fracción de lo que fue y una cuarta parte de sus habitantes ya dispersos por el mundo tras años de éxodo masivo.
Al menos 5.000 personas murieron, la mayoría en La Guaira, esa franja de ciudades y barrios populares atrapada entre la cordillera costera y el Caribe, a media hora de Caracas. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que el número de víctimas fatales podría superar las 10.000. Las cifras de desaparecidos, recabadas por plataformas digitales ante la ausencia de datos oficiales, oscilan entre 10.000 y 30.000 personas.
El gobierno venezolano, según el periodista Rafael Osío Cabrices en Time, «no tiene ni la capacidad ni la voluntad» de producir un balance preciso. No es una novedad: durante los años de Nicolás Maduro, el régimen chavista se negó a publicar tasas de criminalidad e inflación. Pocos esperan que el gobierno de Delcy Rodríguez cambie ese patrón.
La trastienda del cambio de régimen
Para entender el presente hay que volver a esa semana de enero. El 3 de enero de 2026, la administración Trump despachó fuerzas especiales para atacar objetivos militares en Venezuela, tomar la fortaleza más custodiada del país y extraer a Maduro y su esposa. La operación fue, en palabras del mismo Osío Cabrices, «la primera incursión militar estadounidense en la historia del país».
Lo que siguió sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca la política venezolana. El régimen chavista —la autoproclamada vanguardia de la izquierda radical latinoamericana— se reinventó como aliado de Washington con una docilidad que, según el texto, «ningún gobierno venezolano había mostrado ante una potencia extranjera desde la fundación de la república en 1830». Delcy Rodríguez, figura central del viejo establishment, asumió como presidenta interina con el respaldo tácito de la Casa Blanca.
El secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que el diseño de la administración es «estabilizar Venezuela, revivir su economía y eventualmente conducirla de regreso a la democracia». Los detalles cuentan la historia: Rodríguez sigue bajo sanciones estadounidenses, igual que prácticamente todo su gabinete. Su ministro del Interior, Diosdado Cabello —jefe del aparato represivo del Estado—, recibe a oficiales militares norteamericanos en Caracas mientras Washington mantiene una recompensa de 25 millones de dólares sobre su cabeza.
En la práctica, el gobierno de Rodríguez ha mejorado las condiciones para las corporaciones extranjeras y ha aceptado un arreglo por el cual Estados Unidos comercializa el petróleo venezolano en los mercados globales y luego remite la parte correspondiente al tesoro nacional de Caracas.
Un Estado que no rescata
El terremoto expuso con brutalidad lo que ese arreglo no ha resuelto: la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Las imágenes de drones, la cartografía satelital y los mapas de la NASA mostraron la escala de la destrucción con una precisión que el propio gobierno fue incapaz —o no quiso— de igualar.
La pregunta que recorre Venezuela, según Osío Cabrices, es perturbadora: ¿cuántos venezolanos habrían sobrevivido si hubieran sido rescatados a tiempo? La respuesta implica reconocer que el país enfrenta la catástrofe natural más grave de su historia reciente con lo que el autor llama un «Estado zombi» que avanza únicamente para proteger a un régimen corrupto encabezado por una presidenta ilegítima.
Lo que está en juego
Desde Hemisferio, el cuadro merece una lectura sin anestesia. El acuerdo entre Washington y Caracas tiene una lógica pragmática: petróleo, control migratorio, desplazamiento de la influencia cubana y china. Rubio lo vende como un camino hacia la democracia. Pero lo que existe hoy es un gobierno sin mandato popular, con ministros sancionados por el propio país que los tolera, administrando los recursos naturales de una nación cuya ciudadanía no eligió a nadie.
El terremoto no creó ese vacío institucional; lo reveló. Cuando el suelo se mueve y el Estado no responde, no hay narrativa geopolítica que tape los escombros. Venezuela necesita instituciones, no gestores. Y esa distinción —entre un Estado que sirve a sus ciudadanos y uno que simplemente perdura— es exactamente la que el arreglo actual no ha comenzado siquiera a resolver.
