La escena lo dice todo. Dos días después de tomar posesión, Abelardo de la Espriella abrió su cuenta de X para publicar un mensaje que sus antecesores tardaron meses —o nunca llegaron— en poder sostener con hechos: seis integrantes de grupos armados ilegales muertos en combate, cuatro detenidos y seis fusiles incautados en operaciones simultáneas en los departamentos de Meta y Antioquia.
La operación de mayor peso se desarrolló en el municipio de Mapiripán, en el Meta. Allí, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial coordinaron el golpe que terminó con la vida de alias Ruso o Alemán, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las FARC. Según información de inteligencia militar citada por el gobierno, alias Ruso acumulaba una trayectoria criminal de más de 21 años y controlaba el corredor logístico que conecta los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare y Meta. Desde esa posición, coordinaba el abastecimiento y el movimiento de recursos e integrantes de la organización. En la misma acción cayeron otros tres integrantes del grupo.
El Frente 28 responde a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, señalado por el gobierno como el hombre más buscado del país y por quien se ofrece una millonaria recompensa. La eliminación de su principal enlace logístico en esa zona representa, según las autoridades, un golpe directo a la cadena de mando de esa estructura.
El segundo frente de la jornada se abrió en Anorí, Antioquia. Tropas de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía General actuaron en conjunto contra el Clan del Golfo. El resultado: dos integrantes muertos en combate, uno de ellos identificado como cabecilla, y la incautación de seis fusiles y material de guerra adicional. De la Espriella precisó que esa estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en la región.
En paralelo, cuatro presuntos integrantes de la estructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo, fueron detenidos en el municipio de Necoclí por soldados de la Séptima División y la Armada Nacional.
El presidente resumió el mensaje de la jornada en una frase publicada en sus redes: «No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide».
La lucha contra los grupos armados ilegales figura como una de las prioridades declaradas del gobierno de De la Espriella, que comenzó el pasado viernes.
Los detalles cuentan la historia. Lo que estas primeras 48 horas revelan no es solo un parte de bajas: es una señal de doctrina. La coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía en operaciones simultáneas en dos departamentos distintos apunta a una voluntad de desplegar el aparato del Estado con una lógica de presión sostenida, no de gestos aislados.
Para Colombia, un país que ha visto cómo los grupos armados ilegales llenaron los vacíos que el Estado dejó durante años de negociaciones inconducentes, la pregunta no es si estos primeros golpes son suficientes —no lo son, por definición— sino si marcan el inicio de una política coherente de restablecimiento del orden. Los contribuyentes colombianos, y sobre todo las comunidades de Meta y Antioquia que conviven con esos corredores criminales, tienen razones para observar con atención lo que venga después. El Estado que «se decide», como dijo De la Espriella, todavía tiene que demostrar que puede mantenerse decidido.
