La escena lo dice todo: postes de cámaras derribados en barrios residenciales, carteles virales que tapan los lentes de vigilancia y, en Florida, una orden estatal para arrancar de las autopistas un sistema que hasta hace poco se vendía como garantía de seguridad. En apenas unas semanas, las cámaras Flock —lectores automáticos de placas usados por policías locales para registrar datos de vehículos— se convirtieron en el centro de una disputa que atraviesa el espectro político estadounidense.
Mark Beall, ex director de política de inteligencia artificial del Pentágono, encendió la mecha en el programa «Saturday in America» de Fox News. Advirtió que la expansión de estas herramientas de vigilancia con IA, si no se limita con reglas claras, puede convertir a las comunidades estadounidenses en un «Estado de vigilancia al estilo chino».
«Tenemos que tener cuidado de no ir demasiado lejos en la otra dirección y crear un Estado de vigilancia al estilo chino, que es literalmente lo que las capacidades de la IA en última instancia permitirán y ya están permitiendo», dijo Beall a Fox News.
Beall no pidió prohibir la tecnología. Reconoció beneficios reales para las fuerzas del orden, pero insistió en que las preocupaciones de privacidad de los ciudadanos son igualmente válidas. Su propuesta: reglas estrictas y supervisión judicial que impidan que un oficial use estas cámaras por motivos personales.
«Es difícil llevarle al pueblo estadounidense un mensaje de compromiso, especialmente cuando se trata de nuestras protecciones constitucionales», admitió. Y remató con una idea que resume el dilema: la ventaja de innovar con inteligencia artificial es enorme, pero sin barreras firmes se pierde justo lo que hizo grande al país, los principios fundacionales.
La trastienda política confirma que esto no es un capricho aislado. El senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, propuso directamente prohibir la tecnología. Del otro lado del pasillo, el representante republicano Tim Burchett, de Tennessee, impulsa cortar el financiamiento federal para instalaciones locales de estas cámaras. Izquierda y derecha, por razones distintas, llegan a la misma alarma: el poder del Estado para rastrear a un ciudadano común no puede quedar sin control.
En Florida, el giro fue concreto: funcionarios de transporte ordenaron a las agencias policiales retirar los lectores de placas de las autopistas estatales, citando preocupaciones de privacidad y reportes de uso indebido de la tecnología.
El gobernador Ron DeSantis fue el protagonista más contundente. En una conferencia de prensa el lunes, planteó el problema en los términos más simples posibles: «Si quieres subirte a tu auto e ir a Buc-ee's en St. Augustine, realmente no es asunto del gobierno si estás haciendo eso, ¿verdad? Lo que no queremos en el estado de Florida es tener un Estado de vigilancia digital con IA donde todo lo que hacemos esté siendo rastreado en todo momento».
DeSantis no negó que la herramienta a veces resulte útil, pero apuntó al corazón del problema: adónde va esa información y cómo se almacena. «Dicen que las empresas no van a hacer mal uso de eso, pero nadie está vigilando eso, y sé que se puede ganar dinero vendiendo cámaras, pero realmente se puede ganar mucho dinero si se puede vender la información de la gente», advirtió.
Flock Safety, la empresa detrás del sistema, respondió con cambios propios antes de que la presión regulatoria se le adelantara. En un comunicado a Fox News Digital, anunció nuevas salvaguardas: reducir a siete días el período de retención de datos por defecto, hacer obligatoria para todos sus clientes una herramienta de detección de uso indebido, y llamar al resto de la industria de vigilancia a adoptar el mismo estándar.
El desenlace, por ahora, lo esbozó en agosto el propio CEO de Flock Safety, Garrett Langley, en una entrevista con la presentadora de Fox News Kayleigh McEnany. «Hoy, con demasiada frecuencia, en Flock y en otras tecnologías, no hay regulación. No hay rendición de cuentas, y creemos que eso está mal», reconoció. Langley defendió las auditorías obligatorias y la herramienta de detección de comportamiento anómalo, y pidió a los reguladores estatales concentrarse «menos en prohibir este tipo de tecnología y más en hacer responsable a la comunidad policial».
Lo que queda expuesto en esta disputa es un principio que trasciende la discusión técnica sobre cámaras: el gobierno, sea local, estatal o federal, no tiene licencia automática para saber dónde está cada ciudadano en cada momento del día. Que Sanders y DeSantis —adversarios en casi todo lo demás— coincidan en frenar el mismo aparato de vigilancia es una señal de que la preocupación no es partidista, sino constitucional.
La respuesta correcta no es entregarle al Estado más herramientas de control bajo la promesa de seguridad, ni tampoco prohibir sin matices una tecnología que también puede servir a la ley. Es exigir, como pide Beall, supervisión judicial real y límites estrictos sobre el manejo de datos privados, de modo que la eficiencia policial no se convierta en la puerta trasera hacia un Estado que lo vigila todo y no responde ante nadie.
