La escena lo dice todo. Un sábado por la mañana en la calle Ramón Matías Mella, frente a la Gobernación Provincial de Hato Mayor, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, cortó el lazo de una oficina que, según el portal de la Presidencia de la República, nunca había existido en esa provincia.
La nueva sede podrá emitir hasta 200 licencias por día. El servicio cubre emisiones nuevas, renovaciones y duplicados, licencias para motocicletas, evaluaciones médicas (Cemeco), exámenes teóricos y pruebas prácticas para motocicletas — todo el proceso en un mismo lugar, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00.
Los detalles cuentan la historia. Hasta este sábado, los 29.772 propietarios de vehículos registrados en Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar, El Valle, Yerba Buena, Mata Palacio, Guayabo Dulce y Las Cañitas debían trasladarse a otras demarcaciones para gestionar un documento que la ley les exige. Tiempo perdido, combustible gastado, jornadas sacrificadas: un costo real que el aparato estatal trasladaba silenciosamente al ciudadano.
«Hoy, Hato Mayor comienza una nueva etapa. Esta oficina permitirá que miles de ciudadanos realicen sus trámites sin recorrer largas distancias, con un servicio moderno, ágil y seguro», declaró Morrison durante el acto, al que también asistieron la gobernadora provincial Maribel Simón de Reyes, el director general de Presupuesto José Rijo Presbot, el senador Cristóbal Castillo, el alcalde Amado de la Cruz y el encargado de la Gestión Presidencial en la provincia, Freddy Capellán.
Simón de Reyes subrayó que la apertura responde a una necesidad concreta de la provincia al reducir costos y tiempo de traslado. Rijo Presbot, por su parte, enmarcó la iniciativa en el compromiso del presidente Luis Abinader de acercar los servicios públicos a la ciudadanía.
La oficina se inscribe en un plan de expansión del Intrant para ampliar su cobertura de 14 a 32 demarcaciones en todo el país. Morrison también anunció que la habilitación acompaña la implementación de una nueva licencia de conducir con tecnología de última generación, mayores estándares de seguridad y reconocimiento internacional.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Casi en paralelo, el Intrant protagonizó otro movimiento relevante: acordó con la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) la suspensión del incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros en Santiago. La reunión fue encabezada por Morrison y el presidente de la CNTT, Juan Marte. Ambas entidades instalaron una mesa de diálogo para evaluar la estructura de costos del sector y revisar las condiciones operativas, en cumplimiento de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El aumento que la CNTT había anunciado para las rutas de Santiago queda sin efecto mientras se desarrolla ese análisis técnico.
Dos movimientos en la misma semana, entonces: uno que amplía la cobertura territorial del servicio; otro que frena, al menos temporalmente, un alza en el bolsillo del usuario.
El principio que está en juego es sencillo y vale la pena nombrarlo. Descentralizar un trámite obligatorio no es un favor del Estado: es la corrección de una ineficiencia que el ciudadano venía pagando en tiempo y dinero desde hace años. Cuando la burocracia concentra sus ventanillas en pocas ciudades, el costo de cumplir la ley recae desproporcionadamente sobre quienes viven más lejos — que suelen ser, también, quienes menos pueden permitirse ese gasto. En ese sentido, llevar el servicio a Hato Mayor es menos un acto de generosidad gubernamental que una deuda saldada.
El límite de 200 licencias diarias, sin embargo, marca ya desde el primer día una restricción que la demanda acumulada de siete localidades pondrá a prueba. El ritmo de la expansión hacia las 32 demarcaciones prometidas será el verdadero indicador de si el giro es estructural o solo una inauguración bien fotografiada.
