La escena lo dice todo. En 2025, la Red Voces del Sur documentó 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de la región. No son cifras abstractas: detrás de cada alerta hay un reportero desplazado, una redacción silenciada, un editor que aprendió a autocensurarse. Y el dato más perturbador no viene de los carteles ni de los grupos criminales: el 50,5% de los agresores identificados en toda la región fue estatal.
Ese número lo publica el Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, y ningún eufemismo lo suaviza. Los gobiernos, elegidos o no, se han convertido en el principal vector de presión contra la prensa libre del continente.
El diagnóstico se repite en cada informe de referencia. Reporteros Sin Fronteras (RSF) advierte que su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 registra «por primera vez en la historia del ranking» que más de la mitad de los países del mundo se encuentran en situación «difícil» o «muy grave». En 25 años de medición, la puntuación media nunca había sido tan baja. Para las Américas en particular, RSF señala «un cambio significativo a peor», con el descenso de siete puestos de Estados Unidos y el desplome de varios países latinoamericanos «sumidos en una espiral de violencia y represión».
A ese frente político se suma uno económico, igualmente letal. Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), lo describe con una imagen precisa: «Los ingresos digitales suben lentamente por una escalera y los tradicionales bajan rápidamente en un ascensor». Ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, los ingresos digitales también caen. El Reuters Institute, en su Digital News Report 2026, añade otro dato que mide la magnitud del giro: por primera vez, las redes sociales y plataformas de video (54%) superan a los sitios y aplicaciones de noticias (51%) como principal puerta de acceso a la información. La audiencia migra; los ingresos no la siguen.
Colombia concentra algunos de los episodios más graves. Según Red VDS, 22 periodistas fueron desplazados forzosamente por la asfixia del entorno y la estigmatización. Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), describe el mecanismo con precisión: según Zitzmann, el deterioro «se desprende, principalmente, de la muy articulada implementación de una narrativa oficial liderada por el actual presidente, para denigrar el oficio periodístico de los medios privados que supervisan y denuncian, señalándolos de servir a intereses particulares de los ricos».
Las consecuencias, según el mismo Zitzmann, van más allá del discurso: «La estigmatización y los ataques permanentes han generado no solamente un ideario de rechazo al periodismo y a los medios, sino violencia hacia ellos, lo cual usufructúan muy especialmente los grupos criminales en las zonas rurales del país».
El Informe Sombra documenta, además, 279 alertas relacionadas con restricciones al acceso a la información pública y 190 vinculadas con hostigamiento judicial. El repertorio es amplio: litigios intimidatorios, intentos de endurecer leyes de difamación, normativas ambiguas sobre desinformación o ciberseguridad. Herramientas legales convertidas en instrumentos de presión.
Dessein traza la geografía ideológica de este fenómeno y niega que sea patrimonio de un solo signo político: «La intolerancia y los ataques de prensa se repiten en regímenes y países muy diversos, desde dictaduras como Cuba y Nicaragua, a presidencias surgidas de elecciones libres, como El Salvador o Colombia». Lo que une a gobiernos tan distintos, apunta, es «la conexión entre la hostilidad oficial y el uso de un aparato comunicacional digital que promueve la difamación y ataques coordinados contra todo aquel que se atreva a formular alguna discrepancia».
Los detalles cuentan la historia. Cuando el Estado ocupa la mitad del banquillo de los agresores, cuando los ingresos caen por dos flancos simultáneos y cuando el algoritmo reemplaza al editor como árbitro de lo que el ciudadano lee, el periodismo independiente no enfrenta una crisis coyuntural: enfrenta una amenaza estructural a su propia viabilidad.
Para Hemisferio, el principio en juego es elemental: sin prensa libre que fiscalice al poder, el poder no tiene límites. La convergencia de asfixia económica y hostigamiento estatal no es accidental; es, en varios países de la región, una estrategia deliberada para dejar al ciudadano sin árbitro independiente entre él y el aparato oficial. Que la mitad de los agresores sea el propio Estado no es una estadística incómoda: es la definición misma del problema. La respuesta no puede venir del mismo Estado que agrede, sino de sociedades que entiendan que un periodismo viable y libre es, antes que un negocio, una garantía de libertad.
