La escena lo dice todo. Cuatro mil entidades del Estado colombiano encendiendo luces, aires acondicionados y equipos sin que nadie, en ningún despacho, lleve un registro sistemático de cuánto se consume ni cuánto se desperdicia. Ese es el diagnóstico que arroja un estudio de la firma Vertebra realizado sobre 40 edificaciones oficiales, y las cifras no dejan mucho espacio para la autocomplacencia.
Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) citados por la compañía, más de 4.000 entidades públicas consumen alrededor del 5% de la energía total del país. Un bloque de demanda que, gestionado con criterio, podría transformarse en un caso de manual de eficiencia. Gestionado como hasta ahora, es simplemente dinero de los contribuyentes evaporándose en facturas que nadie audita con rigor.
El estudio de Vertebra identificó un potencial de mejora de hasta el 40% en eficiencia energética si se implementan sistemas de medición en tiempo real. Para las entidades que concentran sus operaciones en pocos edificios, la reducción alcanzable en el gasto energético llega al 20%, principalmente mediante inversiones en actualización de luminarias, sistemas de climatización y mejoras técnicas en las instalaciones.
Juan Pablo Rojas, CEO de Vertebra, señala que el problema central del sector público no es la falta de recursos sino la falta de herramientas de monitoreo. «Al integrar sistemas que capturen y centralicen la información de las facturas de servicios públicos, las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas y actuar a tiempo», explicó.
La firma, que actualmente administra y centraliza el seguimiento de 14.000 puntos energéticos para empresas con múltiples sedes, sostiene que la automatización permite detectar anomalías y corregir consumos innecesarios. La experiencia del sector privado, en otras palabras, ya tiene la respuesta. La pregunta es si el aparato estatal colombiano está dispuesto a aprenderla.
Más allá de la infraestructura, el análisis apunta también a las plataformas digitales de análisis energético y a los programas internos de eficiencia, que podrían generar ahorros de hasta un 25% en el consumo mediante revisión detallada de facturas, seguimiento de indicadores y construcción de una cultura de ahorro dentro de las instituciones. Vertebra propone incluso extender esa cultura hacia los funcionarios en sus hogares: según Rojas, promover hábitos de eficiencia en las viviendas y hacer seguimiento al consumo residencial puede ayudar a reducir la presión sobre la red eléctrica durante las horas pico, con reducciones de hasta un 30% en entornos familiares.
La propuesta llega en un momento en que Colombia enfrenta desafíos energéticos vinculados a la variabilidad climática, un contexto que el gobierno de Gustavo Petro ha utilizado para impulsar medidas de emergencia —teletrabajo, clases en casa y otras once disposiciones— ante episodios de estrés en el sistema eléctrico.
Los detalles cuentan la historia. Mientras el gobierno recurre a restricciones de emergencia que trasladan el costo del ajuste a los ciudadanos y a las empresas, el propio Estado mantiene una infraestructura energética que, según el estudio, opera sin medición sistemática y con márgenes de desperdicio documentados. La burocracia, en este caso, no es una abstracción: son luminarias obsoletas, climatizadores sin control y facturas que se pagan sin que nadie haya revisado si el consumo tiene sentido.
Para Hemisferio, el asunto va más allá de la eficiencia técnica. Un Estado que exige austeridad energética a sus ciudadanos mientras gestiona con opacidad su propio consumo pierde autoridad moral y, sobre todo, pierde plata pública. La tecnología para corregirlo existe, está disponible en el mercado y ya la usa el sector privado. Lo que falta no es inversión extraordinaria: es la decisión de aplicar al gasto del Estado los mismos estándares de rendición de cuentas que se le exigen a cualquier empresa. Ese es el principio en juego.
