La escena lo dice todo. El domingo por la noche, Todd Blanche publicó un documento en X para tranquilizar a dos senadores republicanos que amenazaban con hundir su confirmación como fiscal general en funciones. Lo que publicó resolvió una parte del problema. La otra sigue en pie.
Blanche, ex abogado personal del presidente y ex fiscal general adjunto, fue designado para dirigir el Departamento de Justicia tras la salida de Pam Bondi en abril. Su confirmación se complicó cuando los senadores John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, exigieron garantías escritas de que el propuesto «Fondo Anti-Weaponización» —un mecanismo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a personas que la administración Trump consideraba víctimas de persecución gubernamental— había sido abandonado. El lunes, tras recibir esa confirmación por escrito, ambos senadores anunciaron que respaldarían la nominación.
Pero el acuerdo de inmunidad fiscal, incluido en el mismo pacto de resolución, permanece vigente.
El Departamento de Justicia describió ese acuerdo en un documento fechado el 19 de mayo: protege a Trump, a sus hijos y a la Trump Organization de auditorías relacionadas con declaraciones de impuestos presentadas antes de esa fecha. El pacto forma parte de la resolución de una demanda de 10.000 millones de dólares que Trump, sus hijos y la Trump Organization interpusieron en enero contra el IRS y el Departamento del Tesoro, tras la filtración de sus declaraciones fiscales a medios de comunicación por parte de un ex contratista.
Blanche aclaró en su documento del domingo que la inmunidad «aplica por sus términos solo de forma retroactiva» y que se limita a las partes nombradas en la demanda original. En otras palabras: Trump y sus hijos podrían evitar auditorías de declaraciones ya presentadas, pero seguirían siendo auditables en el futuro.
Las aclaraciones no convencieron a los expertos. El NYU Tax Law Center señaló en un comunicado que el nuevo documento «no cambia nada» del acuerdo original. «Estas garantías no valen el papel en que están escritas», dijo Brandon DeBot, director de política del centro. Según el Tax Law Center, Blanche carece de autoridad legal para cerrar auditorías fiscales de Trump en el marco de este litigio, porque el Departamento de Justicia solo recibió competencia para resolver una demanda sobre privacidad de datos del contribuyente, no sobre el contenido de las declaraciones fiscales.
David Super, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown, fue más directo. «Básicamente significa que si [Trump] pagó menos impuestos de los que debía o hizo declaraciones engañosas en sus formularios antes del día del acuerdo, obtiene un pase libre», dijo Super a TIME. El profesor calificó el acuerdo de «absolutamente inédito» y de «puro conflicto de interés»: en el pasado, el IRS auditaba sistemáticamente al presidente en ejercicio precisamente para que no hubiera dudas de trato preferencial.
La magnitud de lo que está en juego no es menor. Un informe de 2024 del New York Times y ProPublica reveló que Trump podría deber más de 100 millones de dólares si una disputa prolongada con el IRS sobre deducciones fiscales reclamadas por su rascacielos de Chicago se resolviera en su contra. En mayo, el Times informó que no estaba claro si esa auditoría seguía abierta.
Un juez federal falló el mes pasado que la demanda original de Trump era un ejercicio de conflicto de interés. Aunque no anuló explícitamente el acuerdo de inmunidad, la jueza señaló que dicho acuerdo no puede considerarse producto de un proceso legal legítimo. El presidente ha apelado la decisión.
Los detalles cuentan la historia. Lo que quedó sobre la mesa después de la maniobra de Blanche es la pregunta de fondo: ¿puede el aparato estatal —el mismo que recauda impuestos de cada contribuyente— blindar al jefe del Ejecutivo de la revisión de sus propias cuentas? La respuesta de los expertos jurídicos es uniforme: no existe precedente para ello, y la autoridad invocada para hacerlo es, cuando menos, cuestionable.
Para Hemisferio, el principio en juego trasciende la política partidaria. Un gobierno limitado y un Estado de derecho funcional exigen que las mismas reglas fiscales apliquen a todos, incluido quien ocupa la Casa Blanca. Cuando el poder ejecutivo utiliza los mecanismos de resolución de litigios para blindar al presidente de obligaciones tributarias que cualquier ciudadano corriente no podría eludir, el daño no es solo jurídico: es una señal para los mercados, los inversores y los contribuyentes de que las reglas del juego pueden reescribirse desde adentro.
