La escena lo dice todo.
El miércoles por la mañana, el gabinete de seguridad del gobierno mexicano emitió dos comunicados para desmentir que existiera un operativo para ocultar, resguardar o cambiar de ubicación a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia. Los textos refutaban una columna del periodista Carlos Loret y otra del columnista Raymundo Riva Palacio. Loret había publicado que fuerzas federales fueron por Rocha Moya a su escondite para moverlo de lugar ante información de que Estados Unidos preparaba un operativo para capturarlo. Riva Palacio, por su parte, apuntó que el gobernador se encontraba en una instalación militar en Sinaloa, bajo protección del Ejército.
Ambos periodistas anunciaron que se sostendrán en lo publicado, otorgando crédito a sus fuentes. El desmentido oficial, escribió Riva Palacio, era «totalmente previsible»: no porque dudaran de sus fuentes, sino porque el gobierno no podía ignorar que había sido expuesto en la protección, encubrimiento y defensa de Rocha Moya.
La noche del 30 de abril
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 30 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya junto con otros nueve servidores públicos en Sinaloa de complicidades con el Cártel de Sinaloa, y en particular con Los Chapitos. Desde esa noche, según Riva Palacio, el gobernador dejó de vivir en su casa en Culiacán.
La acusación estadounidense describe cómo Los Chapitos le habrían dado dinero, amenazado y secuestrado candidatas y candidatos de oposición para impulsarlo a la gubernatura —hechos que, según el columnista, fueron denunciados por los afectados en 2021 sin que se les diera curso—. A eso se suma la carta pública de Ismael «El Mayo» Zambada, ya preso en Estados Unidos, donde imputa a Rocha Moya y lo acusa de traicionarlo, y donde revela que el diputado Héctor Melesio Cuén no fue asesinado como informó la fiscalía sinaloense.
El exfiscal general Alejandro Gertz Manero, según Riva Palacio, investigó ese crimen pero ignoró la acusación contra Rocha Moya. Gertz concluyó que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones —señalada como pieza del senador Enrique Inzunza, otro de los imputados por Washington— mintió y manipuló evidencia criminal. Quiñones renunció y fue investigada.
Las tres grietas del Estado
Detrás del ruido del desmentido oficial asoman tres fallas estructurales que Riva Palacio documenta.
Primera: la impunidad de Zambada duró cuatro décadas. Los gobiernos de Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón lograron cinco órdenes de aprehensión entre 1998 y 2009, pero nunca lo detuvieron. Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, según el columnista, no lo molestaron con órdenes adicionales ni con nuevas carpetas de investigación. La laxitud en la aplicación de la ley y la tolerancia al tráfico ilegal de fentanilo crearon, a su juicio, las condiciones para que Washington actuara directamente ante la inacción mexicana.
Segunda: la captura de Zambada en una finca en Culiacán pasó desapercibida para el Centro Nacional de Inteligencia. Según funcionarios estadounidenses citados por Riva Palacio, el jefe del CNI, el general Audomaro Martínez, tenía enlaces con todos los cárteles pero nunca se enteró a priori de lo que planeaban Los Chapitos en colaboración con autoridades de Estados Unidos.
Tercera: el avión que trasladó a Zambada a Nuevo México no fue detectado por la Marina. Funcionarios mexicanos dijeron que voló por debajo del alcance de los radares. El Estado mexicano contaba con capacidad satelital en la plataforma Plataforma México para detectar aeronaves no autorizadas, pero esa capacidad fue destruida, según Riva Palacio, por Manuel Mondragón —responsable de seguridad en el gobierno de Peña Nieto— con el aval del presidente y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Mondragón fue luego asesor de Alfonso Durazo en la transición y colaboró en el plan de seguridad de la llamada «4T».
Lo que está en juego
Los detalles cuentan la historia. Cada comunicado del gabinete de seguridad amplifica el ruido en Palacio Nacional, pero no responde las preguntas de fondo: ¿por qué se llevaron a Zambada subrepticiamente?, ¿qué falló —o qué se toleró— para que la operación fuera posible sin que el Estado mexicano lo supiera?
Desde la línea editorial de este medio, el patrón es difícil de ignorar. Cuando el aparato estatal protege a un gobernador acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando las órdenes de aprehensión se suspenden durante sexenios enteros y cuando la infraestructura de inteligencia se desmantela o se copta, el costo no lo paga la burocracia: lo pagan los ciudadanos que viven bajo la sombra de esa economía criminal. La pregunta no es si hubo protección. La pregunta es hasta dónde llega.
